Una denuncia ante la Corte Constitucional advierte que funcionarios del Inpec restringirían las inspecciones sobre corrupción, tortura y violencia sexual en las cárceles.
RESTRICCIONES CUANDO SE INVESTIGAN POSIBLES ABUSOS
Alejandro Ramelli, Presidente de la JEP. Imagen apoyada en IA.
Las investigaciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos en las cárceles del país estarían enfrentando nuevos obstáculos. Así lo denunció la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión en un informe enviado a la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional, encargada de verificar el cumplimiento de la sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) en el sistema penitenciario colombiano. El documento sostiene que algunos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) estarían imponiendo mayores restricciones cuando las visitas de inspección buscan esclarecer posibles hechos de corrupción, tortura, violencia sexual o malos tratos contra las personas privadas de la libertad. Según la Comisión, las dificultades no obedecen a protocolos generales, sino que aumentan dependiendo del tema que se pretenda investigar, lo que, a juicio de las organizaciones, evidencia un patrón de comportamiento que limita el control independiente sobre la actuación de las autoridades penitenciarias.
OBSTÁCULOS PARA EL MONITOREO INDEPENDIENTE
Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, Director del Inpec. Imagen apoyada en IA.
El informe señala que las limitaciones no son iguales para todas las inspecciones. Cuando las visitas se concentran en aspectos como alimentación, salud, infraestructura o condiciones de habitabilidad, el acceso suele ser más fluido y con menores restricciones. Sin embargo, la situación cambia cuando las indagaciones involucran presuntas responsabilidades de integrantes del cuerpo de custodia. En esos casos, la Comisión documentó situaciones en las que se habría impedido realizar entrevistas privadas con personas privadas de la libertad, restringido el uso de cámaras fotográficas, grabadoras u otros elementos de registro, e incluso interrumpido conversaciones cuando los internos abordaban posibles violaciones graves a los derechos humanos. Para las organizaciones que integran la Comisión de Seguimiento, estas actuaciones representarían una resistencia institucional frente al escrutinio externo y comprometerían la posibilidad de obtener información independiente sobre hechos que podrían derivar en investigaciones disciplinarias o penales.
TRANSPARENCIA EN ENTREDICHO
Lina Marcela Escobar Martínez, Magistrada de la Corte Constitucional. Imagen apoyada en IA.
La Comisión advirtió que estas prácticas podrían desconocer las órdenes impartidas por la Corte Constitucional para garantizar un monitoreo independiente del sistema penitenciario y favorecer escenarios de impunidad frente a denuncias de corrupción y abusos. El reporte motivó un pronunciamiento de la Sala de Seguimiento, cuyos magistrados también expresaron preocupación por las trabas atribuidas al Inpec y a la Policía durante las labores de verificación del cumplimiento de las medidas ordenadas para superar la crisis humanitaria que afecta a las cárceles del país. El foco de la advertencia es que las restricciones dificultarían el control sobre las actuaciones de las autoridades penitenciarias y la protección efectiva de los derechos de la población privada de la libertad.
