Durante más de tres décadas, el senador Iván Cepeda Castro ha acumulado un extenso expediente de denuncias públicas, testimonios jurados, documentos oficiales, audios confesionales y respuestas de entidades del Estado que lo señalan por presuntos vínculos con estructuras de las antiguas FARC, el Clan del Golfo y la supuesta orquestación sistemática de montajes judiciales, especialmente en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estas acusaciones, difundidas principalmente a través de la cuenta de X (@GustavoRugeles) y las publicaciones de El Expediente, se sustentan en investigaciones periodísticas independientes, declaraciones bajo juramento ante jueces, decretos presidenciales, derechos de petición respondidos por la Presidencia de la República, reportes de agencias internacionales y filtraciones como PetroLeaks.
Aunque Iván Cepeda Castro niega rotundamente todas las imputaciones y las califica como “montajes” y “persecución política” orquestada por la extrema derecha, el volumen de evidencias acumuladas —incluyendo compulsas de copias ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía— dibuja un patrón persistente que, según los denunciantes, combina activismo de derechos humanos con presuntas maniobras para obtener beneficios políticos, económicos y de impunidad para aliados.
A continuación se presenta una reconstrucción cronológica profunda, detallada y verificable, basada exclusivamente en fuentes primarias y publicaciones públicas.
1994-2007: Los Orígenes del caso familiar y la presunta inducción a falso testimonio en el asesinato de Manuel Cepeda Vargas
El punto de partida se remonta al 9 de agosto de 1994, cuando fue asesinado en Bogotá el senador Manuel Cepeda Vargas, padre de Iván Cepeda Castro, militante de la Unión Patriótica y figura clave de la izquierda colombiana. El crimen fue atribuido inicialmente a agentes estatales y paramilitares, lo que derivó en una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que culminó con condena al Estado colombiano y reparaciones económicas millonarias.
Sin embargo, en 1998, según la declaración jurada rendida en 2007 ante un juez en Neiva por el soldado profesional Elcias Muñoz Vargas (entonces recluido), Iván Cepeda lo contactó directamente para inducirlo presuntamente a un falso testimonio. En un audio confesional publicado en exclusiva por El Expediente el 21 de febrero de 2021, Muñoz relata textualmente: “Yo necesito que usted me colabore con esto, yo necesito que me ayude a conseguir los responsables de la muerte de mi papá porque el Estado me tiene que dar una plata grande… si yo corono esa plata usted se va a llevar una parte de ella”.
Según la confesión, Cepeda lo presionó para inculpar a los suboficiales del Ejército Justo Gil Zúñiga Labrador y Hernando Medina Camacho, pese a que Muñoz admitió no tener conocimiento directo de los hechos, a cambio de una porción de la indemnización de la CIDH.
Esta denuncia, que implica presuntos delitos de fraude procesal, falso testimonio y concierto para delinquir, fue formalizada en 2007 y ha servido de base para un recurso de revisión de sentencia presentado por los suboficiales condenados a más de 40 años de prisión.
El audio completo y su transcripción están disponibles en la publicación original de El Expediente, y forman parte de la compulsa de copias que preparan los abogados de los militares ante la Corte Suprema.En paralelo, en 2007 fue capturado Juan Guillermo Monsalve Pineda, alias “Villegas”, un delincuente común condenado a 37 años por secuestro y con historial en bandas criminales del Caquetá y nexos con el Bloque Central Bolívar (bajo alias “Macaco”), pero sin confirmación de pertenencia formal a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por parte de mandos paramilitares desmovilizados.
Estos elementos, según las investigaciones de El Expediente, sentaron las bases para los posteriores testimonios utilizados en procesos contra Uribe y su familia.
2011-2014: La Presunta Campaña Sistemática contra Uribe, Coordinación con ONGs y los Primeros “Falsos Testigos”
A partir de 2011, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Cepeda habría iniciado, según múltiples denuncias, una campaña coordinada contra el expresidente Uribe, utilizando su salario público (superior a 20 millones de pesos mensuales en esa época), asesores parlamentarios y donaciones a organizaciones no gubernamentales como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) —dirigido en su momento por Claudia Girón, exesposa de Cepeda— y el Comité de Solidaridad con Presos Políticos.
Estos recursos, según testimonios recolectados en el “Para-Debate” por el investigador Obed Herrera (contratado por Uribe), financiaron presuntamente traslados de reclusos, auxilios económicos y gestiones diplomáticas en Argentina y Uruguay para “proteger” a testigos a cambio de declaraciones incriminatorias.
En 2012, Cepeda entrevistó en prisión a Jesús Henao Aguilar, alias “Simón” (del Bloque Metro de las AUC).
Según Herrera, Cepeda ignoró reclamos sobre fosas comunes y presionó para obtener una grabación donde Henao afirmara que Uribe y su hermano Santiago ordenaron el asesinato de un guerrillero en Vegachí tras una supuesta “cachetada”. Henao rechazó la manipulación y denunció el intento. Para 2014, la abogada Mercedes Arroyave —señalada como enlace clave de Cepeda— visitaba frecuentemente los despachos congresionales del senador (oficinas 416, 638B y 636B) para coordinar con testigos como Pablo Hernán Sierra, alias “Pipinta”, y el propio Monsalve. Arroyave, quien también representaba a Sierra, facilitó al menos 21 visitas documentadas de Cepeda a cárceles como Cómbita, Itaguí y La Picota para “recolectar testimonios”.
Estos incluyeron relatos contradictorios de Monsalve sobre la finca Las Guacharacas de la familia Uribe, donde afirmaba haber sido paramilitar menor de edad en los años 90, sin verificación independiente de su pertenencia a bloques AUC. Los denunciantes describen a estos “falsos testigos” como parte de un cartel financiado vía Movice, con denuncias formales ante la Corte Suprema y la Procuraduría por presunto soborno y manipulación de testimonios.2017-2019: Acercamientos con el Clan del Golfo sin Registro de Autorización Específica y Presuntas Negociaciones Secretas
El 23 de junio de 2017, el presidente Juan Manuel Santos expidió el Decreto 1230 de 2017, que designó expresamente a Iván Cepeda Castro, al general Óscar Naranjo, a José Noé Ríos y a tres particulares más para realizar “acercamientos” con el Clan del Golfo y su cabecilla Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, con miras a su sometimiento a la justicia.
El texto del decreto, obtenido por El Expediente el 26 de octubre de 2021, confirma la designación oficial.
No obstante, desde septiembre de 2017 El Expediente cuestionó públicamente a Cepeda sobre reuniones con el abogado de OtoOtoniele
El 11 de junio de 2019, la respuesta a un derecho de petición suscrito por Isabel Cristina Jiménez Losada ante la Secretaría Jurídica de la Presidencia fue contundente: “De acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Conservación Documental, una vez examinada la base de datos de las transferencias documentales y la serie documental de las resoluciones y/o decretos, bajo los criterios de: ‘Iván Cepeda Castro’, ‘acercamientos’, ‘bandas criminales’, ‘Clan del Golfo’ y ‘Darío Antonio Usuga David’ del periodo de 1948 a la fecha, no se encontró registro que esté relacionado con la petición”.
La abogada Consuelo Ibeth Parra habría actuado como presunto enlace entre Otoniel, Cepeda y La Habana, pese a las irregularidades señaladas. Según las investigaciones, el Clan del Golfo habría enviado USD 12 millones a través del venezolano JJ Rondón para influir en la Casa de Nariño, con promesas implícitas de no extradición vía Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Arroyave emergió también como puente directo entre Cepeda y el Clan, facilitando supuestas declaraciones contra Uribe a cambio de beneficios.
2020-2025: La JEP como Escudo, Investigaciones de la DEA, Conflictos de Interés y el Explosivo Aumento Patrimonial Revelado por PetroLeaks
En octubre de 2020, fuentes de agencias estadounidenses confirmaron una investigación de la DEA contra Cepeda por múltiples frentes: computadores de Raúl Reyes (FARC), escape de Jesús Santrich (a quien Cepeda defendió ad honorem), vínculos con el Clan del Golfo, visitas a cárceles de EE.UU. y presunto narcocomplot contra Uribe. Cepeda utilizó la JEP para obstaculizar extradiciones, como en el caso de Otoniel (invocando el artículo 153 de la ley estatutaria).
En febrero de 2021, la Fundación Yira Castro (en honor a su madre, militante de la UP con presuntos lazos históricos con FARC) representó víctimas en la JEP y recibió contratos estatales. Ese mismo año, Cepeda denunció al director del Centro Nacional de Memoria Histórica, lo que derivó en que la JEP ordenara interceptaciones a sus correos —un hecho calificado como “golpe institucional” por sus críticos.
En abril de 2021 se reveló que Cepeda presionaba por suspender licencias mineras de AngloGold Ashanti en San Roque (Antioquia), zona donde Monsalve tendría presuntas minas de oro, configurando un alegado conflicto de interés.
En junio de 2021, ante la inminente captura de Otoniel, resurgieron las preguntas sobre los acercamientos. En agosto, denuncias señalaron reuniones privadas de Cepeda con el magistrado César Reyes (quien procesó a Uribe), ambos exconsultores de USAID junto a Pilar Rueda (esposa de Cepeda). Monsalve y Sierra, representados por Carlos Toro (implicado en otros montajes como el de Andrés Sepúlveda), solicitaron cupo en la JEP para evadir justicia ordinaria. En octubre de 2021, la Fiscalía preparó compulsa contra Cepeda por manipulación de al menos 16 testimonios, mientras el Ministerio Público abogaba por la libertad de Diego Cadena, quien expuso el presunto fraude con Monsalve y Deyanira Gómez.
Entre 2022 y 2025 las denuncias se intensificaron. En 2022, Cepeda defendió públicamente a alias “19” (líder de “Primera Línea” desde La Picota) y acompañó visitas a cárceles estadounidenses con Piedad Córdoba y Danilo Rueda para obtener declaraciones contra Uribe a cambio de beneficios.
En septiembre de 2023, fotografías vincularon a Cepeda con vuelos del narcotraficante “Caco” Restrepo, señalado de financiar campañas. En julio de 2025, una reunión de Cepeda con la fiscal general un día antes del fallo contra Uribe generó cuestionamientos.
En octubre de 2025, la investigación PetroLeaks expuso filtraciones de datos de 174 víctimas de la UP por parte de Cepeda, junto a un aumento patrimonial del 297 % (de aproximadamente 549 millones a 2.183 millones de pesos entre 2022 y 2025), la compra de un penthouse por 440 millones de pesos y nexos con la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a través de su excolaborador Juan Camilo Pachón (exjefe de comunicaciones de la entidad). La investigación de Petroleaks, retomada íntegramente por El Expediente el 30 de octubre de 2025, detalla estos movimientos y cuestiona la coherencia entre ingresos declarados y el estilo de vida.
Adicionalmente, en febrero de 2026 el candidato presidencial Daniel Palacios formalizó ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos una solicitud para que se revisen las menciones a Cepeda en los computadores decomisados a Raúl Reyes (FARC), con el fin de determinar si ameritan investigación penal internacional por presuntos vínculos con la guerrilla.
Estas denuncias, que abarcan desde la década de los 90 hasta la actualidad, no han derivado hasta la fecha en sanciones penales definitivas contra Iván Cepeda Castro. Sin embargo, acumulan evidencias ante la Corte Suprema, la Fiscalía y ahora instancias internacionales. Cepeda las rechaza todas, argumentando que se trata de “montajes” para deslegitimar su labor como defensor de derechos humanos y promotor de la paz.
El Expediente, en ejercicio del periodismo investigativo, pone a disposición de las autoridades competentes toda la documentación recopilada durante años. Los hechos, los audios, los decretos, las respuestas oficiales y las filtraciones hablan por sí solos. La pregunta que persiste es: ¿hasta cuándo continuará esta presunta cadena de impunidad en el corazón de las instituciones colombianas?
