En Colombia, la política es un escenario dinámico donde las ambiciones personales y los intereses colectivos a menudo chocan. En el camino hacia las elecciones al Congreso de la República en 2026, hemos sido testigos de una oleada de renuncias de funcionarios de alto nivel que aspiran a ocupar curules legislativas. Estos movimientos no solo evidencian la lógica electoral del país, sino que también plantean preguntas fundamentales sobre el legado y la gestión que estos servidores públicos dejan atrás.
La decisión de renunciar para lanzarse como candidatos al Congreso no es nueva, pero su frecuencia y el momento en que ocurren invitan a reflexionar. Muchos de estos funcionarios han ocupado cargos clave en instituciones estratégicas, desde ministerios hasta entidades descentralizadas. Sin embargo, cuando abandonan sus posiciones antes de completar sus períodos, surge la incógnita: ¿qué impacto tuvieron realmente en la vida de los ciudadanos? ¿Dejaron huella o simplemente se prepararon para el siguiente escalón político?
El primer punto a analizar es la continuidad de las políticas públicas. Cuando un funcionario renuncia abruptamente, los proyectos y reformas en marcha pueden quedar truncados o desarticulados. Esto no solo afecta la eficiencia del Estado, sino que también genera desconfianza en la ciudadanía. Por ejemplo, si un ministro de agricultura abandona su cargo dejando iniciativas incompletas sobre seguridad alimentaria o desarrollo rural, ¿quién garantiza que estas prioridades seguirán siendo atendidas? La discontinuidad en la gestión pública es uno de los mayores lastres para el progreso del país.
Por otro lado, es justo reconocer que algunos funcionarios sí logran marcar la diferencia durante su paso por el servicio público. Implementan políticas innovadoras, gestionan recursos con transparencia o impulsan reformas estructurales que benefician a comunidades vulnerables. Pero incluso en esos casos, su partida anticipada puede diluir el impacto de sus logros. Un legado sólido no se construye solo con buenas intenciones o acciones puntuales; requiere tiempo, consistencia y compromiso.
También vale la pena cuestionar las motivaciones detrás de estas renuncias. Si bien es legítimo que los funcionarios aspiren a nuevos roles políticos, debemos preguntarnos si su principal interés ha sido servir al país o simplemente utilizar sus cargos como trampolines para futuras candidaturas. En un contexto donde la confianza en los líderes políticos está en mínimos históricos, esta percepción puede profundizar el escepticismo de los ciudadanos hacia la clase dirigente.
Finalmente, la sociedad debe exigir cuentas claras a quienes deciden renunciar para postularse al Congreso. ¿Qué resultados tangibles entregaron durante su gestión? ¿Cumplieron con los objetivos propuestos al asumir sus cargos? Y más importante aún, ¿cómo asegurarán que su salida no perjudique los avances alcanzados hasta ahora?. Ante todo, necesitamos líderes que prioricen el bienestar colectivo sobre sus aspiraciones personales. Después de todo, el verdadero éxito de un servidor público no se mide por los cargos que ocupa, sino por el impacto duradero que deja en la vida de los colombianos.
Por: Javier Recalde Martínez.