Por. Luis Eduardo Solarte Pastás
“Una modalidad nueva de la violencia colombiana es el panfleto amenazante que ya, en repetidas ocasiones, ha precedido al homicidio, a la desaparición, o a la paliza. En los años cincuenta, los ‘bandoleros’ dejaban el papel sobre los cadáveres, decían que para escarmiento. Hoy, las “bacrim” lo reparten con anticipación destinada a provocar y administrar el terror”,
El “exterminio social”, es una modalidad delincuencial consistente en sanear, limpiar, a la sociedad de aquellas personas que, aparentemente, son consideradas como una gran carga y que, por ende, no le prestan ninguna utilidad específica.
Ese tipo de crímenes que traman y ejecutan ciertos sectores privados, en forma directa unas veces o terceros con su colaboración, contra pordioseros, ladrones, drogadictos, locos, pandilleros, miembros de la comunidad Lgbti, etc., ya no es un asunto que implica a las grandes ciudades del país como Bogotá, Medellín, Barranquilla o Cali.
De acuerdo con las informaciones que a diario se dan a conocer respecto a asesinatos de personas cuyos cadáveres han sido encontrados en barrios, calles y carreteras de municipios de Pasto, Ipiales, Tumaco, entre otros, permiten deducir que el “exterminio social” empieza a extenderse por el departamento de Nariño.
Efectivamente, las estadísticas suministradas sobre personas que han perdido la vida en extraños y confusos hechos, es alarmante.
Sin embargo, los sumarios respectivos empiezan y terminan con las actas de levantamiento y de necropsia. Una absoluta impunidad cobija esta criminalidad que se ampara en el misterio. Los índices de delincuencia urbana aumentan, pero impulsados principalmente por los llamados “homicidios en averiguación”.
“Si el Estado no sólo calla, sino que además participa en las ejecuciones, no hay razones para que en los sectores populares, en donde se presentan con mayor frecuencia los asesinatos, se vea con malos ojos la práctica del exterminio social”.
Es verdad que las autoridades competentes necesitan o requieren de la participación ciudadana en el esclarecimiento de los móviles que permitan detectar a los gestores de este tipo de hechos punibles. Lastimosamente la gente no colabora porque “piensa que la tormenta que se llevó al difunto se llevará también a su testigo”.
La violencia urbana que nos ahoga, requiere por todos los flancos que se le salga al paso para que el tétrico “exterminio social” no gane fuerza en el territorio nariñense. Pues, dentro de esa estructura organizativa delincuencial, quienes están cometiendo a diario asesinatos en Pasto y en otros municipios del departamento (los cuales a veces se conocen y otras veces no), tienen montada una verdadera “empresa productiva” de muerte.
Como dice el investigador Carlos Perea “de las operaciones de aniquilamiento no se habla. No aparecen en los programas de Gobierno, no forman parte de las campañas políticas, tampoco son motivo de preocupación para los gobiernos de los departamentos y los municipios, pese al mandato constitucional que pone sobre sus hombros la gestión de la seguridad”.
No olvidemos que “La muerte de aquellas personas que son objeto de “exterminio social es injusta. Y lo será tan injusta, tan insoportable y tan repudiable como la del hombre bondadoso de irreprochable conducta (…). Nadie en Colombia se puede arrogar la facultad de definir (con fines de exterminio o de perdón) quién es útil, bueno y merece seguir con vida”,