La Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer) registró 64.860 atenciones jurídicas durante el primer semestre de 2026, cifra que representa un incremento del 13 % en comparación con las 57.330 asistencias prestadas en el mismo periodo del año 2025. Este aumento refleja la urgencia de acompañar a las ciudadanas frente a factores disuasorios como el miedo a las represalias, la dependencia económica y la complejidad de los trámites judiciales. Por este motivo, el equipo jurídico institucional orienta de forma gratuita a las víctimas para superar los obstáculos administrativos que retrasan sus procesos legales. En consecuencia, la administración capitalina fortalece la oferta de servicios en las veinte localidades de Bogotá.
Entre los factores que frenan las denuncias destacan la dispersión institucional, las demoras procesales y la revictimización en las rutas institucionales tradicionales. Asimismo, los datos procesados por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) revelan que la solicitud o el incumplimiento de medidas de protección acapara el 39,7 % de las consultas recibidas en las sedes distritales. De igual manera, la violencia intrafamiliar concentra el 29,3 % de los requerimientos, seguida por reclamos de cuotas alimentarias con un 9,1 % y casos de violencia sexual con un 6,6 %. Por esta razón, las abogadas de la entidad realizan seguimiento directo ante los despachos correspondientes para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos.
Las barreras burocráticas y el miedo dificultan el acceso a la justicia para las mujeres en Bogotá
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Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte de manera constante sobre el peligro que implican los retrasos injustificados en la emisión de medidas cautelares de protección para las víctimas de violencia basada en género. Igualmente, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses articulan esfuerzos para acelerar los peritajes e investigaciones penales en la capital. Por consiguiente, la coordinación entre la justicia local y los organismos de control busca reducir los niveles de impunidad en los delitos que afectan la integridad física y emocional de la población femenina. Por lo tanto, el trabajo interinstitucional prioriza la protección oportuna en casos de riesgo crítico.
Paralelamente, la Personería de Bogotá adelanta labores de inspección y vigilancia en las Comisarías de Familia para verificar la celeridad en la atención de las solicitudes de protección temporal. Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo dispone de la Delegada para los Derechos de las Mujeres y la Calidad de Vida con el fin de asegurar representación jurídica gratuita a las ciudadanas sin recursos económicos. Asimismo, la Corte Constitucional de Colombia reitera a través de su jurisprudencia la obligación estatal de aplicar un enfoque de género riguroso en todas las actuaciones judiciales y administrativas. Por este motivo, los entes de control supervisan la conducta de los servidores públicos en la atención de denuncias.
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Finalmente, la Secretaría Distrital de la Mujer invita a las ciudadanas a comunicarse con la Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137 o acudir a las Manzanas del Cuidado y Casas de Igualdad de Oportunidades. Además, la ciudadanía dispone del canal digital ‘Bogotá te Escucha’ y del Portal Bogotá para conocer el mapa de la Ruta Única de Atención. De igual forma, las abogadas especializadas mantienen su presencia presencial para traducir el lenguaje técnico y acompañar cada etapa del trámite. En efecto, la articulación de servicios integrales facilita el camino hacia la protección efectiva y la justicia social en la ciudad.
