La firma del nuevo decreto sobre porte de armas por parte del presidente Abelardo de la Espriella, anunciada con un video en redes sociales, marca un giro en la política nacional de seguridad y tiene un impacto directo en el Valle del Cauca y en Cali. La medida restablece la vigencia de los salvoconductos para quienes ya cumplían los requisitos legales, tras más de una década de suspensión general.
En el Valle, la Tercera Brigada del Ejército y la Gobernación han mantenido históricamente restricciones adicionales en fechas críticas, como ferias o temporadas de fin de año, lo que refleja la preocupación constante por el uso indebido de armas en la región. Cali, en particular, enfrenta un panorama complejo: las incautaciones de armas traumáticas y modificadas en hurtos y homicidios han sido frecuentes, motivando decretos restrictivos y operativos policiales en comunas del oriente y centro de la ciudad.
El contexto nacional revela que, de los cerca de 5 millones de armas de fuego estimadas en Colombia, solo entre 700.000 y 900.000 cuentan con registro legal o salvoconducto activo. Esta brecha entre el mercado legal y el ilegal explica la proliferación de armas traumáticas en el comercio informal, donde su precio oscila entre $600.000 y $1.200.000 COP, muy por debajo de las armas de fuego legales, cuyos costos oficiales en Indumil rondan entre $4.100.000 y $6.500.000 COP según el modelo.
En Cali y el Valle se ha registrado un alza significativa en las búsquedas relacionadas con armas de fuego, reflejo del interés ciudadano tras el anuncio presidencial y de la preocupación por la seguridad en las calles. Las autoridades locales insisten en que, aunque el decreto restituye permisos, no implica venta libre ni flexibilización de controles, y que la vigilancia seguirá siendo estricta para evitar que el porte legal se convierta en un riesgo adicional para la convivencia.
