Por: Luis Eduardo Solarte Pastás
Gritar con desesperación que la paz es fruto del cumplimiento de los derechos fundamentales dentro de un efectivo y real Estado Social de Derecho y Democrático, no es delito alguno ni mucho menos un motivo justificable para que haya quienes pretendan acallar la voz de todos aquellos colombianos que lo hacen en medio de los tenebrosos tentáculos de la violencia.
Callar en presencia de los protagonistas de esta violencia absurda e indiscriminada, en todos sus matices, sobre los asesinatos, los secuestros, las amenazas de muerte, las desapariciones, las injusticias, etc., es lo mismo que hacerse cómplice.
Se está iniciando el camino justo y propicio hacia unas nuevas elecciones tanto para el Congreso como para la Presidencia con la finalidad de impedir que en Colombia y más que todo en Nariño se imponga “la ley de la noche y la tiniebla” que se aplica por unas “fuerzas obscuras” en distintos escenarios de nuestra región para que hombres y mujeres con una profunda y sincera conciencia social, abandonen su lucha, la ilusión y la esperanza de tener un presente y un mañana mejor en bien de las comunidades o sectores a los cuales pertenecen.
No es que ahora las amenazas estén de moda, siempre lo han estado y en muchos casos han llegado hasta las últimas consecuencias, es decir, la muerte, sin que se pueda determinar con exactitud quién o quiénes fueron sus autores, no materiales, sino intelectuales. Pues, la impunidad no permite mirar a nadie.
No se trata tampoco hoy, de hacer de las amenazas una tormenta en un vaso de agua, como quieren hacerlas ver quienes defienden y patrocinan la violencia.
Simplemente preocupa que esa macabra modalidad se trate de controlar y erradicar con los acostumbrados paños de agua tibia que salen de los acostumbrados Consejos de Seguridad a nivel gubernamental.
“Vamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para descubrir de dónde es que provienen las amenazas y qué fines específicos buscan”, son las frases de cajón que pregonan los integrantes de esos Consejos, cada vez que una persona denuncia una amenaza que está íntimamente relacionada con la actividad social o política que cumple.
Sin embargo, el tiempo sigue su incontenible curso y todo queda en nada, en tanto que las amenazas continúan y llegan finalmente a convertirse en ejemplo de muerte para quienes se atreven a desafiarlas.
En ese sentido, entonces, se puede afirmar que dada la dimensión que ha alcanzado el conflicto en el departamento, los datos sobre amenazas no son casos aislados, como lo pretenden dar a entender los organismos de “seguridad” del Estado. Son innumerables.
Hoy en día las amenazas ya no son únicamente contra campesinos y colonos para que abandonen sus tierras y se conviertan en desplazados. Ahora, son más selectivas e involucran a funcionarios públicos, estudiantes, periodistas, sacerdotes, líderes sociales, etc., quienes se han visto también en la necesidad de cumplir perentoriamente la “orden” de salida del medio en donde desarrollan su trabajo.
No olvidemos que después de la muerte de una persona queda sólo el recuerdo en sus familiares y amigos y ese recuerdo no sirve para revivirla por más lágrimas que se derramen al recordarla en medio de la impunidad que carcome a este país.
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