Luego de una tutela interpuesta por los 62 desmovilizados que permanecen en la Zona de Ubicación Temporal ubicada en la vereda Betania, en el Valle de Guamuez, Putumayo, un juez de Puerto Asís amparó sus derechos y frenó el cierre de este espacio que estaba programado para el próximo 30 de septiembre.
Además de suspender el cierre el juzgado obliga al Estado colombiano a garantizarles a los desmovilizados de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano alimentación, salud y seguridad. En este proceso fue clave el papel de la Defensoría del Pueblo.
Hombres y mujeres que decidieron permanecer en la ZUT en Putumayo
Los desmovilizados pidieron la participación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, para garantizar un plan de tránsito y protección que garantice la protección de los derechos fundamentales y la protección de la población que decidió dejar el conflicto armado atrás.
Recordemos que el presidente Abelardo De la Espriella había firmado una resolución en la que ponía fin a la Zona de Ubicación Temporal, un espacio donde hombres y mujeres adelantan su proceso de tránsito a la vida civil, esto luego de que, en medio de las conversaciones con el anterior Gobierno, estas personas entregaran armas de manera colectiva y se desmovilizaran.
Para estas personas que hicieron una dejación de armas la resolución que emitió el pasado 9 de septiembre el presidente Aberlardo De la Espriella tiene efectos que podrían incidir en su proceso de reintegración social, político y económico el cual ya iniciaron ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
Los desmovilizados reiteradamente han pedido al nuevo Gobierno garantías para su vida y apoyo para seguir su proceso de reincorporación porque al entregar armas han manifestado la renuncia a la vida armada y ahora quieren hacer parte de la sociedad y recuperar a sus familias.
