Lo que durante mucho tiempo fue la principal alternativa para que los hogares de bajos ingresos accedieran a vivienda propia en Colombia, hoy luce cada vez más inalcanzable. La Vivienda de Interés Social (VIS), creada para garantizar un techo digno, atraviesa un cambio profundo marcado por el incremento constante de sus precios y por un modelo que, según analistas, ya no se ajusta a la realidad económica de su población objetivo.
Las cifras evidencian la magnitud del problema. En 2015, una vivienda VIS tenía un valor aproximado de $96.652.500. Once años después, para 2026, el precio máximo autorizado llegó a $262.635.750 en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, lo que implica un aumento de $165.983.250 en poco más de una década.
El impacto más reciente se dio tras el aumento del salario mínimo en un 23,7%, ajuste que elevó de forma automática el tope de precio de la VIS. Para miles de familias que ya estaban comprometidas con proyectos de vivienda, la noticia fue un duro golpe: debían reunir cerca de $49 millones adicionales para poder completar la compra de su inmueble.
Este cambio, aplicado en cuestión de días, dejó fuera del mercado a numerosos compradores que ya habían organizado sus finanzas, ahorros y créditos. La situación puso en evidencia una falla estructural del sistema: la indexación directa del valor de la VIS al salario mínimo, un mecanismo que amplifica los incrementos en pesos cuando el salario base sube de manera considerable.
Gobierno plantea desvincular la VIS del salario mínimo
Frente a este panorama, el Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto con el objetivo de modificar las reglas actuales. La propuesta busca desligar el precio de la VIS del salario mínimo y establecer un tope único de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para todo el país.
De acuerdo con el artículo primero del borrador, el valor máximo de la VIS sería el mismo tanto en grandes ciudades como en municipios intermedios, sin distinción por ubicación. Además, el documento aclara que, una vez firmada la promesa de compraventa, el precio no podrá estar sujeto a mecanismos de indexación automática al salario mínimo.
