El sueño de la “Paz Total” en una Colombia que se debate en estos momentos en una oleada de violencia, es ya una utopía. Lo cierto es que vivimos un panorama que asusta y preocupa, en medio de un ambiente político enrarecido por las disputas entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República por la reforma laboral y la consulta popular.
La realidad actual es que, desde el comienzo del 2025, los grupos alzados en armas que operan en las diferentes regiones del país, parecen haberse puesto de acuerdo para incrementar sus acciones de violencia, como hoy se puede ver, para citar solo unas regiones, en el Catatumbo, Nariño, el Cauca y Valle del Cauca, donde sin eufemismos, se puede decir que hay zonas en guerra.
Nos referimos a una situación de orden público de extrema gravedad, cuando el país vive ya una etapa preelectoral de cara a los comicios de la juventud, que se llevarán a cabo el 19 de octubre del presente año, las consultas internas de los partidos y movimientos políticos para la escogencia de sus candidatos únicos el domingo siguiente, 26 de octubre y las elecciones al Congreso el 8 de marzo de 2026 y las elecciones presidenciales del 31 de mayo.
La violencia a la que hacemos referencia preocupa sobremanera a las autoridades electorales, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, puesto que se teme que la delicada situación de orden público por la que atraviesa el país, pueda ser un factor que incida en la normal realización de esos comicios.
Nosotros estamos seguros que se trata de una preocupación plenamente justificada. En ese sentido, nosotros no nos explicamos cómo podría ser posible de subsistir la actual situación como podría ser posible que en estos momentos se pudieran realizar unas elecciones en el municipio de Cumbitara, Nariño, donde la dolorosa realidad, es que hay una guerra, con miles de personas desplazadas y confinadas. En desarrollo de la cual, la población civil se encuentra en grave riesgo
Lo cierto es que el panorama no es nada bueno para el departamento de Nariño, en esta previa electoral, lo que naturalmente resulta preocupante, máxime cuando al menos por ahora, no se vislumbran soluciones a la vista.
En cambio, si tenemos varios informes, uno de los más recientes el de la Defensoría del Pueblo y la Naturaleza, elaborado con cifras del observatorio de Indepaz, en el que se da a conocer un alarmante incremento de la violencia en Colombia, entre el primero de enero y el 30 de abril del presente año, el cual no es màs que una confirmación de la grave situación de orden público por el que atraviesa el país.
En ese reporte, que se constituye en una radiografía de la actual violencia que nos azota, tenemos que aparte de los combates que se están presentando en diferentes puntos de la geografía nacional, tenemos el asesinato de 20 firmantes de paz. 22 masacres, que cobraron la vida de 67 personas y, revela, además, el triste panorama del asesinato de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos con un total de 69 muertos confirmados en los cuatro primeros meses del presente año.
De allí, el llamado que todos nosotros debemos hacer, para que cese esta terrible escalada de violencia en el paìs, la cual nos ha amargado desde principios del año. Por lo que estamos viendo se requiere con urgencia de medidas especiales e inmediatas para la protección de las comunidades en riesgo en todos los territorios colombianos, donde los gestores de la violencia, insisten en sus nefastas acciones.