A solo cinco meses para la realización de las elecciones para el Senado y la Cámara de Representantes y 7 meses para los comicios a la Presidencia de la República, la violencia política se ha intensificado en el territorio nacional, de acuerdo con la revelación hecha ayer por la Fundación Paz y Reconciliación. (Pares).
De acuerdo con ese reporte hasta el momento se cuentan 79 víctimas relacionadas con la temporada electoral que vive el país, de las cuales 11 fueron asesinadas y el resto amenazadas.
En cuanto, a las 11 personas muertas, una -presumiblemente-puesto que el caso se encuentra todavía en investigación, ocurrió en el corregimiento de Llorente, zona rural de Tumaco, en la costa pacífica de Nariño.
Igualmente se reportó que un elevado porcentaje de los casos de intimidaciones, se vienen presentando en la costa pacífica de Nariño, en especial en el denominado Triángulo del Telembí, que comprende los municipios de Magüí, Roberto Payán y Barbacoas.
Es de anotar que en la mencionada zona del departamento, se registra desde hace unos tres meses, un enorme desplazamiento de más de dos mil personas, entre ellas muchos menores de edad, que le huyen a los enfrentamientos armados entre grupos ilegales que se disputan terreno para actividades del narcotráfico, además de las intimidaciones muchas de las cuales están relacionadas con el tema político, de acuerdo con las alertas tempranas lanzadas por el Consejo Nacional Electoral CNE, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral, MOE.
Tres víctimas cada semana
En lo que se constituye en el segundo informe de Violencia Política y Electoral de la fundación que está monitoreando el ambiente electoral desde el 13 de marzo, día en el que comenzó el calendario electoral hasta la fecha, cada semana se presentan tres víctimas de violencia política en el país.
En este periodo, Pares registró 62 hechos violentos, ocurridos sobre todo en junio y septiembre, en los que la mitad de las víctimas se concentran en los departamentos de Valle del Cauca (11), Norte del Santander (10) y Antioquia y Magdalena (6).
La mayoría de las víctimas fueron funcionarios públicos de elección popular (el 43 %), que incluye concejales (12), alcaldes (11), gobernadores (4), ediles (3), diputados (2), una representante a la Cámara y un senador.
Pares apunta a que «en esta etapa preelectoral, los sectores más victimizados han sido aquellos que, a nivel local, hacen parte de las coaliciones de gobierno» y que son sujeto de 28 hechos de violencia con 32 víctimas, mientras que los de la oposición sufrieron 12 hechos con 16 afectados y los independientes 4 hechos con 4 víctimas.
La mayoría de estas amenazas u hostigamientos fueron hacia partidos alternativos emergentes, como la Alianza Verde, la izquierdista Colombia Humana o el indigenista Mais, y el tradicional Partido Liberal.
Alianzas peligrosas
Este tipo de violencia no está ligada solo a las dinámicas del conflicto armado en Colombia o a la criminalidad, sino que supone «dinámicas políticas clientelares y corruptas». «Tradicionalmente, la violencia es un mecanismo más de competencia electoral en el país», señala Pares en este nuevo informe.
La Fundación señala que hay mecanismos de corrupción que incluyen alianzas de clanes políticos con grupos al margen de la ley y explica que ha documentado la continuidad de la parapolítica o de fenómenos de corrupción que aumentan el clima violento en las campañas.
En la mayoría de casos violentos no ha sido posible esclarecer qué grupo o estructura está detrás y, en el 29 % que sí fue posible, los grupos de disidencias de las Farc y los grupos paramilitares o de autodefensas son los principales sospechosos.
Colombia celebrará el 13 de marzo de 2022 elecciones de Senado y Cámara de Representantes, mientras que la primera vuelta de las presidenciales será el 29 de mayo y la segunda, en caso de ser necesaria, el 19 de junio, por lo que los episodios de violencia electoral que se vienen registrando en las últimas semanas en el país, empiezan a inquietar bastante a las autoridades electorales, que temen que estos hechos incidan en el normal desarrollo de los comicios.
En los siete meses que van de esta contienda, y en lo que apenas se considera un periodo preelectoral (pues las inscripciones formales se abrirán el 13 de noviembre) ya se han registrado hechos de violencia en 23 departamentos, entre ellos Nariño.
Los más afectados
Según Pares, funcionarios de elección popular como concejales y alcaldes han sido los más afectados por la violencia electoral seguidos de los funcionarios de partidos políticos, los servidores públicos y aquellas personas que han denunciado casos de corrupción.
A nivel de partidos políticos, una gran mayoría de las víctimas tenían filiación a partidos alternativos como la Alianza Verde, la Colombia Humana y el Movimiento Alternativo Indígena y Social, Mais.
Desde la firma del acuerdo de paz con las Farc-EP, en 2016, los grupos armados de los territorios han vivido un reacomodamiento que ha influido en las dinámicas de violencia electoral en el país y en el escalamiento del conflicto armado en los últimos años.
A esto mismo corresponde que el 70% de los perpetradores de hechos victimizantes relacionados con elecciones no se conozcan y a que 29% de los hechos se les atribuyan a disidencias de la extinta guerrilla.
Para Pares, el crecimiento de los partidos políticos alternativos ha influido para que las organizaciones criminales y los grupos políticos vuelvan a utilizar la violencia como mecanismo de competencia electoral.