Hoy Colombia se encuentra en medio de una ola de atentados con explosivos, carros bomba y ataques con fusiles, hechos que se producen pocas horas después del atentado del que fue víctima el precandidato a la presidencia de la República y senador, Miguel Uribe Turbay y hasta el momento dejan un trágico saldo d por lo menos 7 personas muertas y cerca de medio centenar de heridos.
Por ello, creemos no exagerar al manifestar que en estos instantes nuestro país, ha retornado a las nefastas épocas de los años 80 y 90, en las que la violencia y el terrorismo, fueron la causa para que nuestra Nación viviera un verdadero baño de sangre de ingrata recordación,
Estos atentados cuyos epicentros han sido el Valle y el Cauca, así como los combates que se vienen registrando en Nariño, en Cumbitara y en la costa Pacífica, nos muestran la clara intención de los gestores de la violencia, de apoderarse y ejercer su dominio en el suroccidente colombiano, cuyos moradores atraviesan momentos de zozobra e incertidumbre.
En este orden de ideas tenemos que ya también debemos incluir a nuestro departamento de Nariño, en la lista de regiones del país, que están siendo blanco de atentados terroristas, puesto que mientras escribíamos este comentario editorial, nos llegó la información referente a la desactivación de un moto cargada con explosivos en el centro de Pasto. En ese sentido, nos parece de extrema gravedad, una situación que puede marcar el comienzo de esta clase de hechos, en nuestra ciudad y en el departamento, por lo que consideramos que las autoridades deben declararse en estado de máxima alerta, puesto que consideramos que sería de extrema gravedad que esos atentados terroristas que hoy estremecen al país, también se trasladen a nuestro territorio.
Ante lo que estamos viendo, compartimos plenamente las declaraciones emitidas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el sentido de que esta violencia desatada, representa la peor crisis humanitaria desde la firma en el 2O16 del Acuerdo de Paz, lo cual es innegable ya que los primeros meses del 2025, un total de 950 mil personas, están siendo afectadas por la violencia, una cifra cuatro veces mayor a la presentada hace cuatro años en el mismo periodo.
Nos enfrentamos entonces a una situación crítica a la que el Gobierno Nacional le debiera prestar la mayor atención, pero sobre el particular, parece ser que, en estos instantes, antes que la situación de orden público, la prioridad es la de sacar adelante, la consulta popular. Nos parece una actitud equivocada, puesto que mientras el país arde por los cuatro costados a consecuencia de la violencia desbordada, no es conveniente echarle más leña al fuego, tratando de imponer mediante un decreto, una medida que millones de colombianos están rechazando.
Lo cierto es que la llegada de Gustavo Petro al poder, en 2022 y su promesa de campaña de alcanzar una “paz total”, mediante la realización de acuerdos con los grupos armados ilegales, creó grandes expectativas en el país, pero la triste realidad muestra un rotundo fracaso en ese propósito, que como todos lo sabemos fue una de las banderas de campaña del presidente de la República.
Al contrario, se puede expresar que aprovechando esas intenciones de paz, los gestores de la violencia, han afianzado su presencia en departamentos como Nariño, Cauca y el Valle, especialmente en sus zonas rurales y los resultados de ese fortalecimiento, lo estamos sufriendo hoy, millones de colombianos.