La Unión Europea dio este viernes (09.01.2026) un paso decisivo hacia la firma del acuerdo de libre comercio con Mercosur, al lograr el respaldo de la mayoría de sus Estados miembros. Se trata del tratado comercial más ambicioso jamás negociado por el bloque comunitario y pone fin a más de 25 años de conversaciones marcadas por desacuerdos y tensiones internas.
Según confirmaron fuentes diplomáticas, al menos 15 de los 27 países de la UE —que en conjunto representan el 65 % de la población del bloque— expresaron su apoyo, umbral necesario para validar la decisión. Las capitales europeas disponen hasta las 17:00 horas de Bruselas para ratificar formalmente su voto por escrito.
El consenso se alcanzó tras superar la resistencia de varios países influyentes, entre ellos Francia, Polonia e Italia, que habían manifestado su rechazo por el impacto del acuerdo en el sector agrícola europeo. Finalmente, nuevas garantías y concesiones dirigidas a los agricultores permitieron destrabar la situación, pese a las preocupaciones por el aumento de importaciones procedentes de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, socios del Mercosur.
La firma del tratado estaba prevista inicialmente para diciembre en Brasil, pero entonces no se logró reunir la mayoría necesaria debido, entre otros factores, a las exigencias de Italia de mayores apoyos para su sector agrícola. Con el cambio de postura de Roma —que ahora subraya los “importantes beneficios” del acuerdo— se allanó el camino para que el documento sea firmado la próxima semana en Paraguay por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los líderes sudamericanos.
Países como España y Alemania han defendido con fuerza el pacto, al considerar que ampliará y diversificará las oportunidades comerciales de la UE en un contexto global marcado por la creciente influencia económica de China y la política arancelaria de Estados Unidos.
No obstante, el proceso aún no ha concluido. Para que el acuerdo entre en vigor será imprescindible la aprobación del Parlamento Europeo. La Eurocámara deberá pronunciarse en las próximas semanas, previsiblemente en abril, en un escenario incierto: alrededor de 150 eurodiputados, de un total de 720, ya han advertido que podrían acudir a los tribunales para frenar su aplicación.