En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio, la Defensoría del Pueblo presentó su boletín El panorama defensorial de la trata de personas en Colombia durante el año 2025.
El documento identifica tres factores que agravan la exposición a la trata de personas: municipios marcados por dinámicas de frontera, economías ilícitas y conflicto armado.
En el 40,7 % de las atenciones, la situación de trata se asoció directa o indirectamente a dinámicas del conflicto armado. En algunos territorios, grupos armados ilegales participan en la captación y explotación de las víctimas o recurren a redes de trata, lo que genera una doble afectación: las personas son, al mismo tiempo, víctimas de trata y del conflicto armado.
Finalmente, el 43 % de las víctimas atendidas era de nacionalidad venezolana. La mayoría se encontraba en situación migratoria regular, lo que evidencia que la exposición al riesgo no depende únicamente del estatus migratorio, sino también de la ausencia de redes de apoyo y de las barreras para el acceso efectivo a derechos.
La trata de personas es una de las más graves violaciones a los derechos humanos. Se constituye en una forma de esclavitud del siglo XXI que afecta la dignidad, la libertad, la autonomía e incluso la vida de las víctimas y de sus familias.
El año anterior, la Fiscalía General de la Nación emitió 329 noticias criminales por trata de personas, de las cuales el 64 % correspondió a víctimas mujeres. Por su parte, el Ministerio del Interior, a través del Centro Operativo Anti-Trata (COAT), reportó 435 casos en el mismo periodo.
De las 6.649 atenciones por violencias basadas en género que brindaron las duplas de género de la Defensoría del Pueblo el año anterior, 268 correspondieron a trata de personas. El análisis de estos casos permite observar rasgos que cuestionan las ideas más difundidas sobre esta vulneración de derechos humanos.
El primero es que esta forma de esclavitud tiene una marcada dimensión de género: 253 de las 268 víctimas atendidas fueron mujeres; es decir, el 94,4 %. La explotación sexual fue la finalidad principal, presente en el 74 % de los casos.
El segundo es que la trata no siempre implica cruzar una frontera. El 69,4 % de los casos correspondió a trata interna, en la que la captación, el traslado y la explotación ocurren en el territorio nacional. Las víctimas permanecen, en muchos casos, en sus propias comunidades e incluso en sus viviendas.
El tercero es el perfil de mayor vulnerabilidad: el 92,9 % de las víctimas tenía entre 19 y 59 años, y el 81,7 % pertenecía a los estratos socioeconómicos 1 y 2. Son, en su mayoría, de personas en edad productiva y responsables del sostenimiento económico de sus familias, para quienes la promesa de mejores condiciones de vida se convierte en un factor de riesgo.
Una dupla de género es un equipo de dos profesionales encargado de brindar atención, orientación y acompañamiento a personas víctimas de violencias basadas en género y de realizar acciones de prevención y seguimiento en los territorios. Por lo general, está integrada por profesionales del derecho, la psicología, el trabajo social o disciplinas afines.
Al reunir y contrastar información de distintas fuentes con el trabajo territorial de las duplas, la Defensoría del Pueblo aporta un panorama que desmonta la idea de la trata como una vulneración de derechos humanos lejana o exclusivamente transnacional y la sitúa como una forma de esclavitud que ocurre en el país, atravesada por las desigualdades de género, la pobreza, el conflicto armado y las condiciones de la población migrante.
El documento también incluye un análisis de las principales barreras en la atención y protección de las víctimas, así como una serie de recomendaciones dirigidas a fortalecer la respuesta del Estado. Entre ellas, priorizar la regularización migratoria de las personas en riesgo o víctimas de trata, garantizar el enfoque de género e interseccional en los protocolos de atención y fortalecer el Sistema Nacional de Información sobre la Trata de Personas (SNITP).
