Aunque la seguridad sigue siendo uno de los ejes más comentados en esta contienda electoral, el país no deja de preguntarse si en realidad los candidatos están entendiendo el tipo de violencia que hoy enfrenta Colombia o si siguen proponiendo recetas pensadas para un país que ya no existe. O están plantados en meros discursos de mano dura, promesas de autoridad y ofertas de lánguidas paz.
Esa es una de las principales advertencias de un reciente análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que revisó las propuestas de seguridad de los cinco aspirantes que hoy lideran la carrera presidencial: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López.
El informe plantea que la violencia organizada en Colombia dejó de funcionar bajo las estructuras rígidas y centralizadas de hace dos décadas. Hoy los grupos criminales operan de manera más fragmentada, flexible y adaptable, conectándose simultáneamente con economías ilegales y sectores legales, mientras expanden su control territorial y financiero.
En medio de todo ese caos, lo único cierto es que el próximo gobierno recibirá un escenario especialmente complejo. Según el análisis, quien llegue a la Casa de Nariño en agosto de 2026 heredará un país con más de 27.000 integrantes de grupos armados organizados y redes criminales con presencia e influencia en casi la mitad de los municipios del país.
La transformación tecnológica también cambió las reglas del conflicto. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa Nacional citadas por la FIP, en los últimos tres años se han registrado más de 500 ataques ofensivos con drones, una señal de cómo las organizaciones armadas están incorporando nuevas capacidades mientras el Estado sigue intentando responder con estructuras tradicionales.
