La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) activó una campaña informativa orientada a orientar a la ciudadanía sobre los procedimientos correctos para el seguimiento de los trámites judiciales en la capital. Los analistas del Distrito detectaron que una gran cantidad de personas que instauran reportes de forma digital confunden el radicado inicial con la apertura formal de un proceso de indagación penal. Por tal razón, la administración de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa recuerda la necesidad de distinguir los soportes informáticos de las herramientas del sistema de justicia. Asimismo, este esfuerzo pedagógico busca optimizar las herramientas tecnológicas de atención al ciudadano y evitar confusiones durante las etapas tempranas del reporte de hechos contrarios a la convivencia.
El denominado número de incidente constituye únicamente una constancia digital que certifica el diligenciamiento exitoso de los formularios en los portales web institucionales habilitados. Por esta causa, el código de unos diez dígitos que inicia con el año en curso solo demuestra que la plataforma interactiva almacenó los datos suministrados por el afectado de manera correcta. De igual manera, este identificador transitorio carece de validez sustancial para la solicitud de informes de avance ante los despachos judiciales o las oficinas de control del circuito. Por consiguiente, los usuarios de los servicios en línea deben comprender que el sistema informático requiere la posterior validación humana de los hechos reportados para activar los protocolos de indagación.
La Secretaría de Seguridad explica las diferencias técnicas entre el número de incidente y el código oficial de investigación judicial/
Foto: Secretaría de Seguridad
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Los funcionarios encargados del soporte tecnológico evalúan rigurosamente la consistencia de los datos suministrados y la posible tipificación de conductas punibles en un lapso que oscila entre los cinco y diez días hábiles. Por esta razón, el sistema informático genera el Número Único de Noticia Criminal (NUNC) exclusivamente cuando los evaluadores confirman la existencia de méritos suficientes sobre la presunta comisión de una infracción. Además, este código definitivo posee una estructura de 21 a 23 dígitos que funciona prácticamente como el documento de identidad inalterable de cada expediente dentro del territorio nacional. Por esta vía, los radicados oficiales para los casos originados en la capital arrancan de forma estandarizada con la secuencia numérica territorial 110016.
La modalidad presencial ofrece ventajas operativas específicas para las personas que requieren la expedición inmediata del documento de identificación de su caso debido a la urgencia de la situación. Por tal motivo, acudir directamente a las Unidades de Reacción Inmediata (URI) provisto de testimonios, documentos de soporte o elementos materiales probatorios agiliza la asignación del radicado principal desde el primer momento. De igual modo, la entrega directa de los detalles facilita la clasificación del expediente por parte del personal de atención y evita los periodos de espera propios de las plataformas virtuales de radicación. Estas opciones presenciales complementan la infraestructura digital disponible para que la comunidad elija el canal que mejor se adapte a sus posibilidades logísticas.
La Secretaría de Seguridad explica las diferencias técnicas entre el número de incidente y el código oficial de investigación judicial
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Finalmente, el uso correcto de las herramientas de identificación delictiva fortalece la efectividad de las políticas públicas orientadas a garantizar que la capital camine segura durante el transcurso del año 2026. Mientras los desarrolladores optimizan los servidores de las plataformas de atención, los ciudadanos cuentan con la Línea de Emergencias 123 para reportar cualquier alteración del orden o la convivencia en tiempo real. De esta manera, el gobierno local articula los canales informativos con el portal de peticiones Bogotá te Escucha para resolver las dudas sobre el estado de los trámites. El conocimiento ciudadano sobre el funcionamiento de estos códigos técnicos asegura un seguimiento efectivo a los requerimientos y previene el desistimiento de las acciones ciudadanas por desinformación.
