«Cómo se descarriló la primera presidencia de izquierda en Colombia». Con ese directo título, Matthew Bristow, editor de Economía y Gobierno para América Latina de Bloomberg, hace un análisis para ‘The Washington Post’ sobre la forma en que los últimos escándalos han afectado al gobierno de Gustavo Petro y, en contraste, han ocasionado una reacción positiva en los mercados.
En los primeros tres puntos de su artículo, Bristow hace un resumen del caso que estalló a finales de mayo, cuando Marelbys Meza, exniñera del hijo de la exjefa de Gabinete Laura Sarabia, denunció que en enero de este año fue sometida a un interrogatorio ilegal. Igualmente, se refirió al informe de la Fiscalía en el que se señala que el teléfono de Meza había sido intervenido ilegalmente, junto al de otra mujer, llamada Fabiola Perea, que era empleada en la residencia de Sarabia.
En medio de esto, la revista ‘Semana’ reveló unos audios de Armando Benedetti, embajador de Colombia Venezuela, en los que increpaba a Sarabia y mencionaba aspectos sobre la financiación de la campaña presidencial.
Posteriormente, Bristow hace referencia toca el escandaloso punto del coronel Óscar Dávila, que hacía parte de la seguridad de presidencia y era investigado por el uso del polígrafo. Dávila apareció muerto en un caso que el presidente Gustavo Petro, calificó como suicidio.
Posibles efectos
Los siguientes puntos del análisis de Bristow se concentran en los efectos que podría tener el escándalo en el futuro de Petro como presidente, las reformas que está tramitando y la reacción de los mercados ante lo que está pasando.
En primer lugar, el periodista se pregunta si el presidente sobrevivirá al escándalo, y explica que si bien ningún jefe de Estado ha sido destituido en Colombia y que la mayoría analistas coinciden en que sí sobrevivirá, será muy difícil dejar el «escándalo atrás». Esto debido a la investigación de la Fiscalía sobre las chuzadas, las indagaciones a la campaña por parte del Consejo Nacional Electoral y un posible proceso en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, lo que «podría llevar potencialmente a cargos penales o a una votación de destitución».
