El presidente Gustavo Petro presentó un informe basado en datos del Sistema Integrado de Información de Monitoreo Antinarcóticos (SIIMA), correspondiente al primer cuatrimestre de 2026, en el que aseguró que los cultivos de hoja de coca en Colombia han comenzado una tendencia descendente después de varios años de crecimiento continuo.
Según las cifras oficiales, el país registró 253.358 hectáreas sembradas con coca hasta abril de 2026, lo que representa una reducción de 8.821 hectáreas frente al período anterior, cuando se contabilizaron 262.179 hectáreas.
Para el Gobierno, este descenso constituye la primera evidencia clara de que la estrategia de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos está comenzando a generar resultados concretos.
Cambio de tendencia después de años de crecimiento
Durante su intervención, Petro explicó que la reducción observada debe analizarse dentro de una perspectiva histórica.
De acuerdo con los datos expuestos, durante el gobierno de Iván Duque los cultivos de coca crecieron considerablemente. El punto más bajo de los últimos años se registró en 2020, cuando existían 96.915 hectáreas sembradas.
Posteriormente, esa cifra aumentó de forma acelerada hasta llegar a más de 230.000 hectáreas al comienzo del actual gobierno en 2022.
Según el mandatario, durante los primeros años de su administración los cultivos continuaron aumentando debido a dinámicas heredadas de períodos anteriores, alcanzando un máximo cercano a las 262.000 hectáreas.
Sin embargo, afirmó que en los últimos ocho meses comenzó una tendencia descendente que atribuye a las políticas implementadas por su gobierno, especialmente aquellas enfocadas en la sustitución concertada de cultivos con las comunidades campesinas.
Petro aseguró que uno de los principales logros de su administración fue detener el crecimiento constante de las áreas cultivadas con coca y comenzar un proceso gradual de reducción.
La relación entre paz y reducción de cultivos ilícitos
Un aspecto importante de la presentación estuvo relacionado con el debate sobre los efectos de los procesos de paz en la lucha contra el narcotráfico.
El presidente rechazó la idea de que los acuerdos de paz favorezcan el aumento de los cultivos ilícitos.
Para sustentar su argumento, citó datos del gobierno de Juan Manuel Santos, período durante el cual se firmó el acuerdo de paz con las FARC.
Según Petro, tras la desmovilización de miles de combatientes y la implementación de los acuerdos de paz, los cultivos de coca disminuyeron hasta alcanzar el nivel más bajo registrado en la serie histórica reciente.
El mandatario sostuvo que el incremento posterior ocurrió durante el gobierno de Iván Duque, al que acusó de abandonar varios componentes del proceso de paz y de privilegiar enfoques basados principalmente en la confrontación militar.
De acuerdo con su análisis, la salida de las FARC de diversos territorios fue seguida por la llegada de otros grupos armados ilegales que ocuparon esos espacios y promovieron nuevamente la expansión de los cultivos ilícitos.
Por ello, defendió la idea de que la construcción de paz y el diálogo con las comunidades rurales son herramientas más efectivas para combatir el narcotráfico que las estrategias exclusivamente represivas.
Récord histórico en incautaciones de cocaína
Otro de los puntos destacados por el Gobierno fue el aumento de las incautaciones de droga durante la actual administración.
Según los datos presentados:
- Primer gobierno de Santos: 653 toneladas de cocaína incautadas.
- Segundo gobierno de Santos: 1.276 toneladas.
- Gobierno de Duque: 2.029 toneladas.
- Gobierno de Petro: 3.210 toneladas.
Estas cifras significan que durante la administración actual se ha decomisado aproximadamente un 58 % más cocaína que durante el gobierno anterior.
Además, el Ejecutivo aseguró que cerca del 45 % de todas las incautaciones realizadas en los últimos cuatro períodos presidenciales corresponden al actual gobierno.
Petro destacó igualmente que las autoridades destruyen en promedio un laboratorio de procesamiento de drogas cada 50 minutos y afirmó que la inteligencia colombiana contribuye al decomiso de aproximadamente el 60 % de la droga incautada a nivel mundial.
Enfoque contra las grandes organizaciones criminales
El presidente explicó que la estrategia antidrogas de su gobierno no se concentra principalmente en perseguir a los pequeños campesinos cultivadores de coca.
En cambio, señaló que el objetivo central es atacar las estructuras criminales internacionales que controlan el negocio del narcotráfico.
Según Petro, muchos de los principales líderes de estas organizaciones no residen en Colombia, sino en grandes ciudades internacionales como:
- Dubái.
- Nueva York.
- Madrid.
- París.
Para combatir estas redes, indicó que la Policía colombiana trabaja conjuntamente con más de 40 organismos policiales y de inteligencia de distintos países, incluyendo agencias de Estados Unidos.
Avances del programa de sustitución voluntaria
Uno de los pilares de la estrategia gubernamental es el programa RenHacemos, enfocado en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
Las cifras oficiales indican que:
- 31.082 familias participan actualmente en el programa.
- 8.584 hectáreas de coca ya fueron erradicadas y verificadas por organismos internacionales.
- 41.041 hectáreas se encuentran en proceso de sustitución.
El Gobierno resaltó que la verificación de Naciones Unidas certifica que las plantas fueron eliminadas voluntariamente por las propias comunidades campesinas con acompañamiento institucional.
Petro defendió este modelo frente a métodos tradicionales como la fumigación aérea, argumentando que la erradicación manual y concertada produce resultados más duraderos.
Según explicó, la fumigación suele destruir únicamente la parte visible de la planta, permitiendo que posteriormente vuelva a crecer.
Regiones donde avanza la sustitución
El programa tiene una fuerte presencia en varias regiones históricamente afectadas por los cultivos ilícitos.
Los departamentos con mayor participación son:
Nariño
- 11.641 familias vinculadas.
- 12.509 hectáreas en proceso de sustitución.
Putumayo
- 8.394 familias vinculadas.
- 14.575 hectáreas en sustitución.
Catatumbo
- 8.929 familias participantes.
- 11.487 hectáreas en sustitución.
En departamentos como Antioquia, Cauca, Chocó y Vichada la implementación aún es más limitada.
Dentro de las zonas donde opera el programa, los cultivos disminuyeron de 142.097 a 133.444 hectáreas, una reducción de 8.653 hectáreas que, según el Gobierno, fue confirmada tanto por imágenes satelitales como por verificaciones de Naciones Unidas.
Nuevas oportunidades económicas para los campesinos
El Gobierno también presentó ejemplos de proyectos productivos que buscan reemplazar la economía de la coca.
Entre ellos destacó:
- Exportación de cacao producido en Putumayo hacia China.
- Comercialización de productos agrícolas de Nariño en California, Estados Unidos.
Según Petro, estos proyectos demuestran que la sustitución puede ser sostenible si los campesinos cuentan con mercados seguros y contratos de compra de largo plazo.
El mandatario afirmó que acuerdos comerciales estables de hasta diez años podrían consolidar una economía legal en las regiones afectadas por los cultivos ilícitos y evitar que las familias regresen a la producción de coca.
Conclusión
El informe presentado por el Gobierno sostiene que Colombia ha comenzado a registrar una reducción en los cultivos de coca después de varios años de crecimiento continuo. El presidente Gustavo Petro atribuye este resultado a la combinación de acuerdos de sustitución voluntaria, diálogo con las comunidades rurales, fortalecimiento de la cooperación internacional y acciones dirigidas contra las grandes redes del narcotráfico.
Además, destacó los niveles récord de incautaciones de cocaína, la participación de más de 31.000 familias en programas de sustitución y la creación de alternativas económicas legales para las regiones tradicionalmente vinculadas a la producción de coca.
Según el Gobierno, si estas políticas se mantienen en el tiempo, la tendencia de reducción podría consolidarse durante los próximos años y contribuir tanto a la disminución del narcotráfico como al desarrollo económico de las zonas rurales más afectadas por este fenómeno.
