La transición energética en Colombia no puede considerarse justa si el compromiso de las empresas y el Estado termina antes que el impacto en el territorio. El
desmantelamiento de los parques eólicos no es un simple trámite técnico, es una etapa crítica que debe involucrar activamente a todos los actores interesados, para evitar
que el fin de un proyecto se convierta en el inicio de un nuevo pasivo social y ambiental.
La comunidad de Kasiwoluin está ubicada en el departamento de La Guajira,
municipio de Uribia, corregimiento Cabo de la Vela. En el año 1.998 llegaron a este
resguardo indígena Wayuu funcionarios de Empresas Públicas de Medellín (EPM) con la intención de conversar con la autoridad de la comunidad, tras identificar el
potencial eólico del territorio en sus estudios preliminares.
Buscaron a autoridades locales , para socializar lo encontrado y lo que venía para este territorio. Se llevó a cabo un proceso de consulta entre julio de 1.999 y junio de 2.002. mediante múltiples reuniones y mesas de trabajo entre la empresa y la comunidad de Kasiwoluin. En estos espacios se abordaron temas como medidas de manejo al
impacto ambiental derivados del ingreso de maquinaria e infraestructura física al
territorio, así como procesos de la caracterización social. Sin embargo, mucha de esa información era poco accesible para los liderazgos comunitarios.
Este proceso contó con el acompañamiento de la Secretaría de Asuntos Indígenas
Departamental, Corpoguajira, la Alcaldía de Uribia y el Ministerio del Interior. Fue una de las primeras consultas previas que se hizo en el país alrededor de parques eólicos; un piloto que inició el despliegue de proyectos de energía renovable a gran escala en La Guajira.
Han pasado 25 años desde la llegada de la empresa. Durante ese periodo se
impulsaron iniciativas valiosas, como una planta desalinizadora y algunos proyectos productivos, pero que no lograron sostenerse en el tiempo. A esto se sumaron
acuerdos que quedaron sin cumplir y que terminaron generando tensiones internas.
En este contexto, líderes y lideresas de distintos clanes Wayuu han optado por fortalecer sus capacidades organizativas y técnicas, con el propósito de aportar conocimiento y experiencia en la construcción de una transición energética
verdaderamente justa.
Gracias a los procesos de formación, especialmente el diplomado”Diálogo
intercultural, energía eólica y participación comunitaria” impulsado por el Instituto de Ambiente de Estocolmo (SEI) y la Universidad de la Guajira, hoy la comunidad puede
sentarse frente a las empresas con argumentos, herramientas y la convicción de que el diálogo también es una forma de justicia.
Este proceso nos ha permitido comprender la importancia de tres aspectos
fundamentales: la identificación temprana de impactos con participación activa comunitaria, la necesidad de establecer mecanismos claros de compensación y
beneficios desde el inicio; y el diseño anticipado de un plan de desmantelamiento que no deje cabos sueltos cuando el proyecto termine.
Actualmente, en el territorio se discute el plan de desmantelamiento del Parque Eólico Jepirachi, que constituiría el primer proceso de este tipo en Colombia y un caso
pionero en América Latina. Este proceso deberá definir con claridad las condiciones técnicas, ambientales y sociales bajo las cuales se realizará el retiro del proyecto,
considerando que ha cumplido su ciclo de vida útil y que su tecnología ya no responde a los estándares mínimos. Sin embargo, la conversación alrededor de este tema se
desarrolla en un panorama donde todavía persisten asuntos sociales y comunitarios por resolver, lo que plantea el desafío de abordar el cierre del proyecto de manera
integral y dialogada con el territorio.
Durante los últimos tres años se ha dialogado con la empresa sin que el proceso avance de manera efectiva. Se han realizado alrededor de 32 reuniones donde se ha discutido el Süpütia o “contraentrega”, que hace parte del plan de compensaciones por el uso del territorio de los Eiruku Pushainayu. No obstante, se han presentado múltiples falencias, especialmente en la transmisión clara y oportuna de la
información relacionada con la salida del proyecto y los tiempos estimados para su ejecución, lo que ha generado desconfianza tanto hacia la empresa como hacia los nuevos proyectos en la región.
El desmantelamiento de un parque eólico implica no solamente el retiro de
aerogeneradores y la subestación eléctrica. También supone el traslado y disposición adecuada de los materiales, así como la gestión de posibles impactos asociados a la
generación de residuos o la afectación del hábitat natural. Estas operaciones deberían desarrollarse en un plazo de doce meses, según el Auto 601 de 2023 emitido por
Corpoguajira, pero el poco avance preocupa y refuerza la necesidad de un
acompañamiento comunitario continuo y de garantizar la participación informada en cada etapa.
Por ello, así como se lleva a cabo un proceso de consulta previa antes de la instalación de parques eólicos, también resulta indispensable contar con un mecanismo participativo, claro y vinculante para el cierre de los proyectos. Un mecanismo que permita evaluar los impactos reales, garantizar la implementación oportuna de las medidas de manejo correspondientes, prevenir el deterioro de la confianza
comunitaria que suele verse afectada cuando las negociaciones se extienden
injustificadamente, y asegurar que los compromisos sociales asumidos se cumplan sin retrasos durante la fase de cierre del proyecto.
A fin de cuentas, una transición energética verdaderamente justa no solo se mide por la cantidad de megavatios instalados, sino por la responsabilidad con la que se entra y se sale de los territorios.
Escrito por :
Viktor Pushaina Epieyu, un joven líder social y comunitario de la comunidad Kasiwoluin, ubicada en el municipio de Uribia, La Guajira. Desde temprana edad ha
participado activamente en procesos organizativos, sociales y culturales orientados al fortalecimiento del tejido comunitario y la defensa del territorio.
Es docente de profesión, egresado de la Universidad de La Guajira y Magíster en Pedagogía de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). A lo largo de su trayectoria ha liderado y acompañado procesos de articulación con empresas de
energía eólica presentes en el territorio, promoviendo el diálogo intercultural, la participación comunitaria y el desarrollo sostenible con enfoque étnico.
