Por: Luis Eduardo Solarte Pastás
Tras la Declaración de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en todos los países miembros se asumió supuestamente la responsabilidad de proteger el máximo derecho que posee el ser humano: La Vida, y consecuencialmente todos los demás derechos que de allí se derivan y que hacen posible una normal subsistencia de las personas dentro del sistema de gobierno al cual pertenezcan.
En Colombia, desde ese entonces, se han consagrado dentro de su ordenamiento jurídico una serie de normas que propenden por el respeto y la protección de los derechos humanos de los colombianos; sin embargo, muchas veces, las leyes que al respecto se dictan se quedan en simple letra muerta dentro los fríos códigos y anaqueles judiciales.
En nuestro país todo gobernante sabe muy bien que la función primordial del Estado es la protección y defensa de los derechos humanos sin distingo de clase, raza o sexo; pero, lastimosamente, debido a la violencia que nos azota y que se manifiesta bajo diversas modalidades se pierde todo respeto hacia tales derechos.
Aquí, hemos llegado a un alto grado de descomposición social en donde ya nadie confía ni en su propia sombra porque el peligro de muerte acecha por todas partes.
El presidente Gustavo Petro reitera una y otra vez que no ahorrara esfuerzos en aras de garantizar los derechos humanos y protección a sus activistas y defensores que vienen siendo asesinados por todo el país; empero, hasta el momento no se sabe, a ciencia cierta, de dónde es que provienen las balas criminales.
Pues, según en un informe de la periodista y magister en ciencias políticas Sirley Muñoz Murillo coordinadora de Comunicaciones, Incidencia y Sistema de Información del Programa Somos Defensores, a pesar de las numerosas alertas emitidas por las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, se registra un aumento constante de la violencia contra las personas que luchan por los derechos humanos en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
La evolución de estos homicidios ha sido variable, pasando de 133 casos en 2016 a 126 en 2017, 178 en 2018 y 134 en 2019. Así, desde 2016 hasta diciembre de 2021, el país alcanza las 883 muertes de líderes y defensores.
De acuerdo con el informe del Observatorio de Derechos Humanos, Conflictividades y Paz del Instituto de Estudios para el Desarrollo y Paz, en lo corrido del año 2022, han sido asesinados 128 líderes sociales y 34 firmantes del Acuerdo de Paz, es decir, excombatientes de las Farc. Y esto sin tener en cuenta personas que son víctimas de amenazas, atentados, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Frente a esa situación, el actual gobierno no debe continuar acusando a la administración de Iván Duque de haber hecho caso omiso de las alertas y del peligro a que enfrentaban los líderes sociales. Y tampoco tiene que esperar a que las cifras sobre violaciones y muertes de defensores de derechos humanos siga creciendo para tomar decisiones de fondo y tener siempre presente que la responsabilidad del Estado es proteger los derechos humanos y a sus defensores.
