Kevin Arley Acosta, un niño colombiano de 7 años diagnosticado desde los nueve meses con hemofilia A severa, falleció tras pasar más de 24 horas sin recibir el medicamento que necesitaba, luego de sufrir una caída en bicicleta en el departamento del Huila. Su madre, Yudy Katerine Pico, narró que pese a sus súplicas, en el centro médico le respondían que debían esperar la autorización de la EPS y la disponibilidad de una cama. Kevin murió sin haber recibido el tratamiento que, según expertos, era indispensable para detener el sangrado.
El caso generó conmoción nacional y se convirtió en símbolo del deterioro en el sistema de salud colombiano, advertido meses atrás por la Procuraduría General de la Nación, que alertó sobre fallas graves en el acceso a medicamentos esenciales. Sin embargo, para el presidente Gustavo Petro, lo ocurrido refleja problemas sociales adicionales, al afirmar que la prevención inicia en la familia y que un menor con hemofilia no debería exponerse a actividades como andar en bicicleta.
Los comentarios del mandatario y del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, generaron rechazo de distintos sectores. La Sociedad Colombiana de Pediatría emitió un comunicado rechazando cualquier intento de trasladar culpabilidad a la familia. El exministro de Salud Alejandro Gaviria calificó al presidente de “cínico” por sus señalamientos, mientras que la Defensoría del Pueblo de Colombia, en cabeza de Iris Marín, afirmó que Kevin es una víctima más de las fallas en la disponibilidad de tratamientos oportunos.
Según contó la madre al diario El Tiempo, en diciembre de 2025 la Nueva EPS le notificó que el medicamento profiláctico del niño dejaría de ser cubierto, a pesar de que su costo mensual podía superar los US$11.000. Cuando ocurrió la caída el 8 de febrero, el hospital de Palestina informó que el menor debía ser trasladado a Bogotá, pero esto solo fue posible casi un día después, cuando Kevin ya había agonizado entre hemorragias nasal y auditiva.
Una vez el caso se hizo viral en redes sociales, la EPS divulgó un informe técnico en el que señaló que la madre había solicitado un traslado de afiliación a Santander y que Kevin tenía una cita programada para el 27 de enero en Bucaramanga. Sin embargo, familiares del niño reportaron que otros cuatro menores del núcleo familiar, también con hemofilia A severa, enfrentaban dificultades similares para recibir tratamiento.
El episodio llegó hasta el Consejo de Ministros del 16 de febrero, en el que tanto el presidente Petro como el ministro Jaramillo insistieron en la importancia de la prevención y en la necesidad de esperar los resultados de la autopsia. No obstante, sus palabras alimentaron la indignación pública en un país que se prepara para elecciones presidenciales y en el que la crisis del sistema de salud ocupa un lugar central en la discusión política.
La Procuraduría General de la Nación ya había advertido que cada vez más pacientes deben acudir a la acción de tutela para acceder a tratamientos que deberían ser cubiertos por las EPS. El sistema mixto en Colombia —con regímenes contributivo y subsidiado— transfiere a estas entidades los recursos para cubrir los servicios médicos, pero las EPS aseguran que los montos no son suficientes, mientras el Gobierno mantiene que ha girado cifras históricas.
La controversia se profundizó con la intervención estatal de varias EPS, incluida la Nueva EPS, medida justificada por el Ejecutivo como una acción contra sobrecostos y prácticas irregulares. No obstante, según el informe de la Procuraduría, tras la intervención se agravó la situación financiera: el gasto en servicios superó ampliamente los ingresos y el patrimonio se volvió negativo.
El caso de Kevin, más allá del duelo familiar, se consolidó como un retrato doloroso de un sistema colapsado, en el que la falta de medicamentos, la demora en traslados y la disputa entre Gobierno y EPS siguen poniendo vidas en riesgo.
