n medio de los desafíos que impone el cambio climático, varios expertos sostienen que la crisis ambiental no solo exige transformaciones en los modelos económicos y energéticos, sino también una renovación profunda de las democracias.
La lucha contra el calentamiento global está generando nuevas formas de participación ciudadana, impulsando la descentralización de decisiones ambientales y fomentando la corresponsabilidad entre gobiernos, comunidades y empresas.
En América Latina, y especialmente en Colombia, la transición hacia una economía verde se ha convertido en un terreno clave para fortalecer la participación social y la transparencia. Las consultas populares sobre proyectos mineros y energéticos, así como la creciente presión ciudadana por políticas de sostenibilidad, evidencian que la defensa del planeta también es una defensa de la democracia.
Según analistas, la gobernanza climática ofrece una oportunidad histórica para construir Estados más inclusivos, con instituciones que integren la voz de las comunidades rurales, los pueblos indígenas y los jóvenes —sectores que históricamente han sido marginados de las grandes decisiones políticas—.
“La acción climática puede ser el nuevo pacto social del siglo XXI”, señalan varios académicos, al subrayar que el futuro de la democracia dependerá, en gran medida, de su capacidad para responder colectivamente a la crisis ambiental.