La Jurisdicción Especial para la Paz volvió a poner en el centro del debate uno de los episodios más polémicos del conflicto armado colombiano: la Operación Orión, desarrollada entre el 16 y el 19 de octubre de 2002 en la comuna 13 de Medellín. Durante una reciente diligencia judicial, nuevas fotografías y testimonios reavivaron las discusiones sobre la presunta participación de estructuras paramilitares en el operativo militar liderado por la fuerza pública.
Audiencia
En medio de la audiencia, el general retirado Mario Montoya aseguró que las pruebas sobre la presencia de integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia en la operación han sido públicas desde hace décadas. El exoficial, que para ese entonces comandaba la Cuarta Brigada del Ejército en Medellín, explicó que varios de los hombres encapuchados que participaron en el operativo actuaban como “guías” y tenían la función de señalar a presuntos integrantes de grupos guerrilleros que operaban en la zona.
Montoya indicó que estas personas no podían portar armas y que utilizaban capuchas para proteger su identidad y la seguridad de sus familias. Sin embargo, durante la diligencia fueron expuestas imágenes que contradicen esa versión. Entre ellas se destacó una fotografía inédita en la que se observan hombres encapuchados portando armas largas mientras participaban en el operativo militar.
La imagen se suma a la reconocida fotografía tomada por el fotógrafo colombiano Jesús Abad Colorado, considerada por diversos sectores como una de las evidencias más contundentes sobre la articulación entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares durante la operación.
Detalles
Según reveló la JEP, el protagonista de la fotografía de Colorado sería Marlon Andrés Castañeda, conocido con el alias de “El Gomelo”, integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia infiltrado en los Comandos Armados del Pueblo, una estructura armada que tenía presencia en sectores de Medellín.
De manera oficial, en 2002 se informó que la Operación Orión fue ejecutada exclusivamente por el Ejército y la Policía con el objetivo de recuperar el control territorial de la comuna 13, donde operaban milicias urbanas ligadas a grupos insurgentes. No obstante, con el paso de los años surgieron múltiples denuncias, testimonios y procesos judiciales que señalaron la participación activa de paramilitares en las acciones desarrolladas durante esos días.
La operación dejó profundas heridas en Medellín. Organizaciones sociales y de derechos humanos han documentado el homicidio de al menos 88 personas y más de 90 desapariciones forzadas atribuidas al Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Investigaciones posteriores indicaron que, tras la muerte de Pablo Escobar, varias estructuras paramilitares consolidaron su poder en sectores de la ciudad y establecieron alianzas temporales con miembros de la fuerza pública para combatir a grupos guerrilleros y criminales.
Aunque el operativo buscaba disminuir la violencia en la comuna 13, distintos análisis señalan que la presencia paramilitar aumentó posteriormente en Medellín, fortaleciendo redes criminales que, según expertos y organizaciones sociales, continúan teniendo influencia en algunas zonas de la ciudad incluso después de los procesos de desmovilización paramilitar.
