Por primera vez, el país cuenta con una radiografía judicial completa de los secuestros de las extintas Farc-EP: quiénes fueron los máximos responsables, cómo se ejecutaron las políticas de secuestro en cada región y el daño diferenciado causado a las víctimas, las comunidades y los territorios.
La JEP escuchó a todas las víctimas que quisieron participar y quienes narraron frente a la magistratura lo que padecieron. 4.439 se acreditaron y 795 presentaron observaciones en audiencia.
Los comparecientes fueron llamados a reconocer responsabilidad por los secuestros y por otros crímenes que sufrieron las víctimas en cautiverio. A la fecha, 36 comparecientes han reconocido su responsabilidad frente a sus víctimas.
Es la primera vez que la justicia investiga otros crímenes que se cometieron durante el cautiverio, como tortura, tratos crueles y denigrantes de la dignidad humana, esclavitud y violencia sexual.
En total, la investigación del Caso 01, en el que se abordan los secuestros de la antigua guerrilla, identificó a 63 máximos responsables. De ellos, solo 23 habían sido condenados por estos crímenes en la justicia ordinaria y muchos de ellos en ausencia.
La Sala de Reconocimiento de Verdad cierra la investigación con la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 15 comparecientes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, las estructuras más crueles de las extintas Farc-EP.
Con estas dos imputaciones, la JEP completó la atribución de responsabilidad a los máximos responsables de los secuestros. Entre 2021 y 2025, la sala ya había imputado a 7 exintegrantes del último secretariado y a 34 exmandos de otras 5 estructuras.
El Bloque Oriental y el Bloque Sur concentraron la responsabilidad por los secuestros perpetrados en una extensión que comprende cerca de la mitad del país.
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La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP concluyó la etapa de investigación sobre los miles de secuestros perpetrados por las extintas Farc-EP en Colombia. Esto significa que la justicia, por primera vez, conoce quiénes son los máximos responsables nacionales y regionales de estos crímenes, cómo se ejecutaron las órdenes de secuestrar, a qué patrones criminales respondieron y el daño enorme y diferenciada que dejaron en las víctimas, las comunidades y los territorios.
Para llegar a la radiografía judicial más completa que tiene el país sobre los secuestros, la magistratura escuchó durante dos años a todas las víctimas que quisieron participar, muchas de ellas no habían acudido antes a la justicia a denunciar estos hechos. Desde diferentes lugares del país, 4.329 de ellas se acreditaron ante la JEP y 795 narraron en audiencia lo que sufrieron: Los malos tratos, la violación a su dignidad humana, la intimidación constante, el miedo a la muerte, las humillaciones, el hambre, la incertidumbre, la falta de atención médica, las marchas extenuantes y sus periplos angustiantes por las selvas de Colombia. También hablaron de cómo las mujeres, adultos mayores, niños y niñas sufrieron de forma diferenciada las privaciones de la libertad.
Asimismo, los sobrevivientes recordaron el sufrimiento de las familias por no saber qué pasaba con sus seres queridos, por tener que negociar por sus vidas como si fueran una mercancía, y por las consecuencias que hoy persisten. Muchas de ellas reportaron problemas de salud física y mental tras su privación de la libertad, la pérdida de la confianza en el otro y el fin de proyectos de vida. Quienes padecieron el secuestro no volvieron a ser los mismos. Por eso, la magistratura espera que, al conocer la profundidad del dolor que causaron los secuestros, jamás se repitan.
Las audiencias para escuchar a las víctimas también fueron un espacio para honrar la memoria de quienes no sobrevivieron al cautiverio y para indagar por las personas que permanecen desaparecidas tras su secuestro. Las víctimas también hablaron por medio de miles de informes escritos, recortes de prensa, fotografías, y otros objetos como libros, ajedreces, cadenas, telares, flores y velas.
Escuchar a las víctimas fue fundamental para contrastar la información que dieron 402 comparecientes y que rindieron versión ante la Justicia Transicional Restaurativa por los secuestros. Los comparecientes, por su parte, en cumplimiento con el Acuerdo Final de Paz, entregaron información que permitió construir, casi de ceros, las hojas de vida de los excombatientes, las cadenas de mando, los lugares donde operaron, las motivaciones, y responsabilidades que el país no conocía. Por ejemplo, se sabía que el comandante del Frente 60, que vigilaba a los diputados del Valle, era ‘El Grillo’, pero esta justicia permitió saber que cuál es su nombre legal y que reconociera los hechos frente a la justicia y frente a las víctimas del Valle del Cauca.
Gracias este riguroso proceso de contrastación judicial, que también incluyó el estudio de los informes de organizaciones de la sociedad civil y de la justicia ordinaria, la Sala de Reconocimiento de verdad pudo identificar a 63 máximos responsables de los secuestros e imputarles crímenes de guerra, de toma de rehenes, y crímenes de lesa humanidad, de privaciones graves de la libertad. La Sala de Reconocimiento de Verdad les imputó también otros crímenes que cometieron en cautiverio y que no habían sido abordados por la justicia ordinaria en el pasado, como tortura, tratos crueles e inhumanos, esclavitud, e incluso violencia sexual. De los 63 comparecientes, solo 23 habían sido condenados por la justicia ordinaria por estos hechos, y muchos de ellos en ausencia.
La investigación de la JEP identificó que los exguerrilleros de las Farc-EP secuestraron siguiendo tres patrones criminales. Privaron de la libertad para financiarse, para forzar el intercambio por guerrilleros presos y en busca del control social y territorial.
Sobre este último patrón, el país tenía poco conocimiento. Sin embargo, la investigación pudo establecer que la extinta guerrilla secuestraba a estas víctimas como forma de castigo por no someterse a sus reglas, para enviar el mensaje al gobierno colombiano de que había un “vacío de poder” y por sospechas, en muchas ocasiones infundadas, de que eran colaboradoras de los paramilitares o del Ejército Nacional. En algunos casos, también las secuestraron para obligarlas a trabajar para la guerrilla. Así le sucedió, por ejemplo, a varios miembros de la familia Polanía Ramos. Ellos vivían de transportar gente y remesas en dos botes por el río Caquetá. Después de transportar a miembros de la guerrilla sin recibir el pago y de que se les acabó la gasolina, la familia se negó a seguir transportándolos. Como consecuencia, varios de ellos fueron secuestrados y forzados a trabajar gratis para la guerrilla. Padecieron todo tipo de maltratos. Al final, tuvieron que desplazarse.
A la fecha, todos los comparecientes que han sido llamados a aceptar su responsabilidad por estos crímenes lo han hecho, y han respondido a las demandas de verdad y de reconocimiento de las víctimas. Es decir, excombatientes que por años justificaron el secuestro como método de guerra, ahora han reconocido su responsabilidad por estos crímenes y todo el dolor que les causaron a las víctimas.
En el caso del Bloque Sur fueron hallados responsables de los secuestros en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y algunas zonas de Cauca y Meta.
Los imputados del Bloque Sur son: 1) Fabián Ramírez, quien fue conocido como ‘Fabián Ramírez’; 2) Floresmiro Burbano, quien fue conocido como ‘Martín Corena’; 3) Darío Lee Díaz, quien fue conocido como ‘Robledo’ 4) Luis Montes, quien fue conocido como ‘Euclides Bermúdez’; 5) Ángel García, quien fue conocido como ‘Hernán Benítez’; 6) Ezequiel Hueguía quien fue conocido como ‘Rolando Romero’; y 7) William Tovar, quien fue conocido como ‘Franklin Smith Caicedo’.
En cuanto a los civiles secuestrados para canje, la mayor parte de los secuestros los realizó el Bloque Sur. Entre ellos, Luis Eladio Pérez, entonces senador de Nariño; Gloria Polanco de Lozada, entonces candidata a la Cámara de Representantes; Orlando Beltrán, entonces representante a la Cámara; Consuelo González de Perdomo, entonces representante a la Cámara; Jorge Eduardo Géchem, entonces senador y presidente de la Comisión de Paz del Senado; Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial; Clara Rojas, fórmula vicepresidencial y jefa de campaña de Betancourt. También recibieron del Bloque Sur a los contratistas norteamericanos Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes. Todos duraron entre 5 y 7 años secuestrados en condiciones de cautiverio indignas y recibiendo todo tipo de malos tratos, humillaciones y amenazas de muerte. El Bloque Oriental secuestró a Alan Jara, entonces gobernador del Meta. Permaneció secuestrado por este bloque siete años y siete meses, entre 2001 y 2009. Ante la JEP, Jara describió su lugar de reclusión como una “jaula” que le recordaba los campos de concentración.
Por su capacidad operativa, el Bloque Oriental recibió a las víctimas de secuestro con motivos de canje del Bloque Sur y los tuvo por muchos años en campamentos. De estos campamentos se tienen solo las imágenes borrosas de un video realizado por el periodista Jorge Enrique Botero en una visita, y las pruebas de supervivencia hechas por los guerrilleros. Sin embargo, contamos con las imágenes realizadas por el pintor Mario
¿Qué casos ilustran los secuestros del Bloque Sur?
El Bloque Sur fue creado en 1993 en la VIII Conferencia Nacional con el objetivo de dominar los departamentos de Caquetá y Putumayo, aislándolos del resto del país. Fue la cuarta estructura de las extintas Farc-EP que más secuestros cometió, después de los bloques Oriental, Noroccidental y Caribe. En su momento de máxima expansión, el Bloque Sur llegó a tener 2.500 combatientes y 638 milicianos. Contó con 10 frentes rurales y numerosas compañías y columnas móviles. Entre ellas, la Columna Móvil Teófilo Forero, conocida por su capacidad militar.
El Bloque Sur es responsable de casos para forzar al gobierno a un intercambio por guerrilleros presos que tuvieron un gran impacto en la opinión pública, que, como se dijo, pasaron luego al Bloque Oriental. Con esos secuestros demostraron su capacidad operativa. Por ejemplo, en 2002, para privar de la libertad al entonces senador Jorge Eduardo Géchem, la Columna Móvil Teófilo Forero secuestró un avión comercial de la aerolínea Aires, que iba de la ruta Neiva-Bogotá. Cuando el avión despegó, dos guerrilleros armados obligaron al piloto a aterrizar en la carretera que ellos controlaban, entre los municipios de Gigante y El Hobo, en el departamento del Huila.
El Bloque Sur también es responsable de los secuestros de integrantes de la fuerza pública como los sargentos del Ejército Pablo Emilio Moncayo y Libio José Martínez; y los integrantes de la Policía Elkin Hernández, Édgar Yesid Duarte, Álvaro Moreno y Luis Alberto Erazo. En 2010 Moncayo fue liberado; 4 más fueron asesinados por la guerrilla en 2011, durante un intento de rescate militar, pues la guerrilla tenía como directriz “no dejarse quitar a los secuestrados”, y el sargento Erazo logró fugarse en medio de dicho ataque. Todos ellos padecieron entre 12 y 13 años de cautiverio.
