La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó un aumento significativo en la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país, conocidas como “falsos positivos”, que ahora asciende a 7.837 casos. Este nuevo balance se logró tras ampliar el periodo de análisis entre 1990 y 2016, lo que ha generado diversas reacciones en distintos sectores de la sociedad colombiana.
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Antes del anuncio realizado el 28 de abril, la cifra oficial reconocida por la JEP era de 6.402 víctimas, basada en hechos ocurridos entre 2002 y 2008. Sin embargo, según explicó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, el incremento responde al cruce de nuevas bases de datos, incluyendo información de la Procuraduría General de la Nación, así como a la incorporación de cerca de 1.000 informes adicionales de víctimas que no habían sido considerados previamente.
La jurisdicción aclaró que estas cifras son de carácter provisional y podrían seguir aumentando a medida que avanzan las investigaciones y se reciben nuevas confesiones por parte de los máximos responsables en las audiencias territoriales. En este sentido, el magistrado Pedro Díaz precisó que el informe incluye homicidios y desapariciones forzadas presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública, clasificados como muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate. Solo en el departamento de Antioquia se han documentado 1.932 casos.
El análisis de expertos también ha sido clave para entender el alcance de este nuevo informe. En diálogo con Infobae Colombia, el docente de derecho Milton Perdomo destacó que el aumento en la cifra no solo amplía el marco temporal de investigación, sino que refleja avances importantes en los procesos de búsqueda de la verdad judicial. Según explicó, estos resultados evidencian que la JEP está cumpliendo su función al consolidar tanto la verdad histórica como la judicial, pese a los desafíos relacionados con financiación y resistencias políticas.
Informe
Perdomo también subrayó que el informe revela una práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales que no se limita al periodo 2002-2008, como se creía inicialmente. Esto sugiere que estos hechos se habrían presentado en distintos momentos y bajo varios gobiernos, lo que amplía la responsabilidad histórica del fenómeno. Incluso, recordó que casos documentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya evidenciaban desde la década de 1990 la participación de agentes estatales en este tipo de crímenes.
A pesar de las limitaciones propias de la justicia transicional, como los tiempos procesales y la complejidad en el manejo de la información, el experto resaltó que la labor de la JEP contribuye a fortalecer su legitimidad. Asimismo, enfatizó que la continuidad de esta jurisdicción es fundamental para garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, independientemente de los cambios políticos que se produzcan en el país.
Finalmente, Perdomo concluyó que estos procesos son esenciales para la memoria colectiva, ya que permiten a la sociedad reconocer lo ocurrido durante el conflicto armado y generar garantías de no repetición. En ese sentido, la JEP se consolida como un escenario clave donde las víctimas encuentran respuestas, y donde Colombia avanza en la construcción de una paz basada en la verdad y la justicia.
