La decisión del gobierno de Alberta de retirar El cuento de la criada de las bibliotecas escolares desató un debate mundial sobre censura, educación y libertad académica, en un giro que parece reflejar la propia distopía narrada por Margaret Atwood.
La decisión del gobierno de Alberta, en Canadá, de restringir el acceso a El cuento de la criada de Margaret Atwood en bibliotecas escolares generó un intenso debate sobre los límites de la censura y el papel de la literatura en la educación. La medida, que forma parte de una orden ministerial contra libros con “contenido sexual explícito”, también afecta a otros clásicos como 1984 de George Orwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley y I Know Why the Caged Bird Sings de Maya Angelou.
El alcance de la norma ha sido señalado como ambiguo, ya que pone bajo el mismo criterio textos literarios de alto valor académico y obras con descripciones gráficas. Para críticos de la medida, esta restricción empobrece el acceso de los estudiantes a debates fundamentales sobre poder, género, derechos humanos y moralidad.
Margaret Atwood reaccionó de forma satírica, publicando un relato en el que cuestiona la idea de tratar a los adolescentes como incapaces de procesar lecturas complejas. Su respuesta refuerza la ironía de que una novela que advierte sobre el autoritarismo y la represión haya sido censurada en un contexto real.
El anuncio provocó protestas de organizaciones de maestros, bibliotecarios y escritores, quienes calificaron la decisión como un retroceso en materia de libertad académica. La presión social llevó al gobierno provincial a reconsiderar la política, proponiendo ajustes que limitarían la prohibición a imágenes explícitas, pero mantendrían accesibles los textos literarios en bibliotecas escolares.
Este episodio no se limita al ámbito canadiense: forma parte de una ola de censuras en sistemas educativos de América del Norte, donde la literatura que aborda sexualidad, género y política suele convertirse en blanco de disputas culturales. El caso de Alberta reabre la discusión sobre quién debe decidir qué leen los jóvenes y hasta qué punto la protección puede transformarse en un obstáculo para su formación crítica.