Por: Luis Eduardo Solarte Pastás
En Nariño las campañas políticas con miras a las elecciones regionales del 29 de octubre de este año empiezan a “prender motores”. En la palestra pública se comienza a conocer los nombres de algunos precandidatos que dicen pretender llegar a un cargo de elección popular como es la gobernación, alcaldía, diputados, concejo o juntas administradoras locales.
Toda campaña política exige inversión de recursos financieros; sin embargo, hay precandidatos o candidatos que en un plan más populista y electoralista afirman que para darse a conocer y obtener el apoyo de la ciudadanía no es necesario dinero porque lo que realmente importa son las ideas y quienes las expongan.
Si eso fuera verdad, no veríamos en tiempos electorales a precandidatos o candidatos que geográficamente se pueden mover más que otros, que hacen un gran despliegue publicitario, que cuentan con una buena organización logística y alimentaria, que acostumbran a distribuir mercados para los más necesitados, en un gesto dizque humanitario y que suelen dar plata a los denominados líderes políticos o comunitarios en aras de que les convoquen las reuniones.
Como es lógico, todos esos quehaceres cuestan dinero, quienes lo tienen en abundancia, y no les cuesta sacarlo de su bolsillo, les llevan una enorme ventaja a aquellos precandidatos o candidatos que tienen importantes ideas y/o propuestas, pero el bolsillo vacío.
Algunos aspirantes argumentan que tienen muchos voluntarios para llevar a cabo las diferentes actividades que conlleva una campaña, lo que no se puede descartar, ya que, en algunos casos más que otros, aparecen ciudadanos que llevados por su radicalismo, apasionamiento, ideología, fanatismo, o simplemente voluntad, se “regalan” para colaborar con esas actividades.
Aquí en Colombia, las campañas políticas pueden ser financiadas con recursos públicos y/o privados, aunque son los recursos privados los que terminan financiando el proceso electoral porque los partidos o movimientos políticos sólo entregan avales y en ningún momento apoyan financieramente a los candidatos, salvo contadas excepciones. A la mayoría los dejan tirados de la brocha, se dice en el argot popular.
De allí que, sean, entonces los recursos de los precandidatos- candidatos y/o de sus familiares los que terminan garantizando los gastos. Y un escenario como este, es una oportunidad para la corrupción, teniendo en cuenta que la información sobre el origen del patrimonio de los aspirantes y sus familias no es pública, por lo que el riesgo de que a través de las elecciones estén ingresando recursos de origen ilícito puede ser alto.
Si bien el Consejo Nacional Electoral fija los topes que pueden gastar las campañas para las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados a las asambleas departamentales y ediles a las JAL; lo cierto es que esos topes siempre son violados.
En consecuencia, si de algo pueden estar seguros los votantes, es que entre más dinero invierta un candidato en su campaña, una vez sea avalado por un partido o movimiento político para participar en las elecciones, más “esfuerzo” debe realizar cuando llegue al cargo para recuperarlo. Y no necesariamente con su salario, sino con “arandelitas”, y la ya conocida “mermeladita”, que por cierto, es una práctica común en nuestra sucia política tradicional.