El proceso CAS-20250009 del municipio de Duitama, relacionado con la celebración de un convenio con la Fundación Unidos Social ONG, ha encendido las alertas entre expertos en contratación pública y control fiscal. Un análisis del “Acto de Justificación” firmado por el secretario de desarrollo agropecuario, evidenció graves omisiones técnicas, falta de transparencia y debilidades en la sustentación jurídica.
El documento propone asociarse con una única entidad sin ánimo de lucro para ejecutar actividades de fortalecimiento rural, sin presentar ningún tipo de estudio comparativo de otras entidades ESAL que pudieran prestar el mismo servicio, ni justificación de por qué se seleccionó precisamente a esta fundación.
¿Dónde están las pruebas de idoneidad?
Aunque el acto declara que la fundación seleccionada es “idónea”, no incluye documentación que soporte esa afirmación, como certificaciones de experiencia, informes de proyectos anteriores o análisis de capacidad operativa. En lugar de ello, el acto se limita a justificar la contratación por medio de argumentaciones generales sobre el desarrollo agropecuario y la importancia de las ferias rurales, sin ningún dato técnico o financiero concreto.
Este vacío levanta sospechas sobre una posible vulneración del principio de selección objetiva y falta de transparencia en el uso de recursos públicos.
La deuda de la opción tarifaria, ¿trasladada sin sustento?
En paralelo, la propuesta del Ministerio de Minas y Energía de hacer que los estratos 4, 5 y 6 asuman el pago de una deuda energética de 2,9 billones de pesos (acumulada principalmente por usuarios subsidiados de estratos 1, 2 y 3), ha generado controversia por la falta de un modelo técnico que respalde esta redistribución.
Esta medida, contenida en un borrador de ley, podría trasladar el peso financiero de políticas públicas mal ejecutadas a quienes no las utilizaron
¿Una reforma encubierta?
A pesar de que se le llama “mini reforma”, el proyecto involucra cambios sustanciales al sistema de subsidios y la estructura de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Se propone incluso modificar los requisitos para ser comisionado y ampliar la participación de sectores sociales en decisiones regulatorias, lo cual, aunque positivo en términos de democratización, podría diluir el rigor técnico de las decisiones energéticas.
Llamado a los órganos de control
La Personería, la Contraloría y los entes de vigilancia contractual deben intervenir, tanto en el caso del convenio en Duitama como en la implementación del nuevo modelo tarifario nacional. El país no puede permitirse que la improvisación administrativa y la falta de control terminen afectando al usuario final o facilitando el uso ineficiente de recursos públicos.