Por: Luis Eduardo Solarte Pastás
Desde la declaración de los derechos humanos en Francia en el año 1948, luego de la segunda guerra mundial ha existido una incansable tarea universal de protegerlos, por lo que cada país ha tenido la libertad de incluirlos en su ordenamiento jurídico si lo considera correcto.
Este es el caso de Colombia, que los acogió y los incluyó en su Constitución Política como derechos fundamentales y, al mismo tiempo, creó un mecanismo vanguardista para su protección, el cual denominó Acción de Tutela.
Esta acción no requiere de muchos formalismos y su principal característica es la rapidez de su tramitación pues el juez tiene 10 días para tomar una decisión al respecto expidiendo órdenes a quien a bien tenga para la cesación de la vulneración del derecho fundamental o el peligro de que esta se consuma.
De este modo la acción de tutela se ha convertido por excelencia en uno de los mejores mecanismos de protección de derechos humanos. No obstante, llevado a la práctica colombiana se ha vuelto más complejo de lo que parece, pues a lo largo de los años se ha ido desnaturalizando haciendo que su función inicial se vea tergiversada por su mal uso.
“Yo tutelo, tú tutelas, él tutela, nosotros tutelamos, vosotros tuteláis, parece ser el ejercicio favorito de un apreciable número de conciudadanos. Con ello se causa un daño muy notable al normal desempeño de la Justicia”, al punto que hoy en día se habla al interior del sistema judicial de una especie de enfermedad que coloquialmente denominan “tutelitis”.
Efectivamente, la “tutelitis”, una realidad enfermiza que se ha prestado para manipular determinados intereses, bloquear procesos, pretender causas para propias conveniencias, con el ánimo de obtener beneficios, etc., es considerada como la causante de la inseguridad jurídica, la ineficiencia y la congestión judicial
Y, como si esto fuera poco, mucha gente movidas por intereses políticos, se vale de cualquier cosa que se presente en un momento coyuntural que viva el país para interponer la acción de tutela, pretendiendo en ciertas ocasiones frenar decisiones gubernamentales o ampliar otras.
Es así como en Colombia se viene utilizando una inmensa variedad de tutelas para lograr, mediante un “activismo judicial”, que el gobierno en todos sus niveles garantice determinados derechos que a veces no son fundamentales.
Pero lo más preocupante de todo esto es que con muchos fallos de tutela se está poniendo de manifiesto una vez más el “gobierno de los jueces”, es decir, de un gobierno sin legitimidad democrática y sin responsabilidad, cuyas decisiones no se limitan a resolver las cuestiones que se les ha planteado en un asunto concreto, sino que las exceden por razones de conveniencia personal o ideología política.
Todo esto lo estamos viendo, desde un tiempo para acá, con algunos fallos de los jueces, en los cuales se aprecia que con ellos se pretenden inmiscuir dentro de la competencia que es exclusiva de las autoridades civiles y militares, al ordenarles hacer o no hacer determinadas acciones, so pretexto de defender los derechos humanos.
Tras la decisión del Ministerio de Justicia de quitarle competencia al Consejo de Estado para conocer acciones de tutela interpuestas contra el presidente y sus actos del gobierno, en que es posible que la enfermedad la “tutelitis” se agrave mucho más.
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