Fue atacada con arma blanca por su expareja durante una diligencia oficial.
Redacción Extra
El Tribunal Administrativo de Boyacá ratificó una sentencia que declara responsable al municipio de Busbanzá por fallas en el servicio que derivaron en el feminicidio de María Edilma Adame Calderón, ocurrido el 2 de noviembre de 2021 dentro de una dependencia oficial. La decisión judicial constituye un precedente relevante sobre la obligación de las autoridades de actuar con diligencia frente a casos de violencia de género.
Los hechos se registraron en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno municipal, donde se llevaba a cabo una audiencia de conciliación entre la víctima y su expareja, William Alexander Terán. Durante el encuentro, el agresor atacó a María Edilma con un arma blanca, causándole la muerte en el lugar. Posteriormente, el hombre intentó quitarse la vida y falleció horas después en un centro asistencial.
De acuerdo con el fallo, la administración municipal incurrió en graves omisiones pese a contar con antecedentes claros de riesgo. La víctima había denunciado amenazas de muerte en al menos tres ocasiones previas ante la misma autoridad local, sin que se adoptarán medidas efectivas de protección. El Tribunal concluyó que la respuesta institucional fue “ineficiente y deficitaria”.
Entre las principales fallas identificadas se encuentran la ausencia de requisas al agresor antes de ingresar a la diligencia, la falta de acompañamiento de la Policía Nacional y la inexistencia de una evaluación adecuada del nivel de riesgo. Estas omisiones, según la corporación judicial, facilitaron que el ataque se produjera en un espacio que debía garantizar la seguridad de la víctima.
La sentencia también enfatiza que no es necesario que existan agresiones físicas previas para activar medidas de protección, subrayando que las amenazas deben ser atendidas con la debida seriedad por parte de las instituciones. En este sentido, se reiteró el deber del Estado de garantizar una vida libre de violencias para las mujeres.
Como consecuencia, el municipio de Busbanzá fue condenado a reparar integralmente a la familia de la víctima por los daños causados. Además, se ordenó la implementación de medidas estructurales, como la adopción de protocolos de atención para casos de violencia de género, el uso de herramientas tecnológicas para evitar el contacto entre víctima y agresor, y la obligatoriedad de presencia policial en audiencias presenciales.
El caso de María Edilma Adame pone en evidencia las fallas institucionales en la prevención de la violencia de género y refuerza el llamado a fortalecer los mecanismos de protección en escenarios oficiales, donde la seguridad debería estar
