Por: Miriam Martínez
El fantasma de la extradición persigue a Colombia desde hace por lo menos 30 años. Probablemente sea un error darle ese nombre a un asunto tan delicado y con consecuencias y alcances tan complejos, pero es que el tema no solo encierra aspectos jurídicos, sino también políticos, tanto de política interna como internacional, es un asunto que tiene efectos sobre la soberanía nacional, la búsqueda de la paz, y hasta sobre el conjunto de factores que confluyen en la cultura nacional. Vale la pena entonces volver a echarle una mirada al tema ahora que el presidente Petro tomó la decisión de extraditar a los Estados Unidos al hermano de la congresista Piedad Córdoba, entre otros.
La extradición ha sido fuente de muchos dolores de cabeza para el país. En la actualidad, su justificación proviene principalmente de la necesidad de contar con un mecanismo de cooperación entre estados para enfrentar delitos trasnacionales y evitar la impunidad.
El debate
La extradición en Colombia ha sido objeto de múltiples cambios constitucionales, legales, políticos, de aplicaciones tendenciosas y hasta caprichosas, muchas de ellas convenientes para evitar efectivamente la impunidad; pero otras, con propósitos distintos, como por ejemplo impedir que criminales que cometieron los delitos más graves en el país cuenten la verdad en procesos de justicia transicional. Que dijeran en qué y cómo participaron en los hechos y sacaran a la luz los nombres de múltiples actores que sirvieron de cómplices y financiadores de esos crímenes para cumplir así con la obligación de pedir perdón a las víctimas y de resarcirlas con los dineros mal habidos fruto de sus actividades ilícitas.
Es interesante observar cómo, a raíz de la autorización de extradición de Córdoba por Petro han reverdecido de nuevo las opiniones alrededor del tema de la extradición. Para el expresidente Samper, por ejemplo, no hay tratado vigente con EEUU. En su opinión existe tan solo un convenio que da vía libre a una amplia discrecionalidad de las partes contratantes. En cambio, para Pastrana, el tratado cumple con todos los requisitos que exigen estos instrumentos internacionales y se encuentra en plena vigencia.
Propuesta
El presidente Petro expresó literalmente hace pocos días su postura frente al tema de la extradición en los siguientes términos: “Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano, con beneficios jurídicos y se comprometa a dejar definitivamente el narcotráfico no se extradita a Estados Unidos”. Más adelante advirtió: “Narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en Estados Unidos”.
Al respecto, el exministro de Justicia Yesid Reyes señaló: “Lo que el presidente Petro propone ahora es utilizar correctamente esa potestad, que siempre ha tenido el Ejecutivo, para valorar en cada caso concreto si una extradición tiene para la justicia colombiana más ventajas que desventajas y, de acuerdo con ese análisis, decidir si la concede o no”.
Contrario a tanto erudito, pienso que este asunto está lejos de ser resuelto adecuadamente. Es un problema con muchas aristas que concierne a todos los colombianos. Planteo una por ahora que debe mirarse con toda responsabilidad. La discrecionalidad de la que habla Reyes, y de la cual ya hemos ‘bebido’ durante años, es que, cada presidente, así, sin más ni más, tomará las decisiones de extraditar según su criterio, sujeto únicamente al cumplimiento, muy precario por lo, además, que contempla el tal tratado o convenio vigente.
Reyes habla de conveniencia en abstracto. ¿con apego a qué, o a qué norma? ¿No debería eso ceñirse a principios elementales contemplados en la Constitución Nacional? Todavía tengo en la memoria a los dos ancianos campesinos pobres nariñenses a quienes sometieron -que dizque porque eran narcotraficantes peligrosos- a semejante calvario (esto pasó hace tan solo un par de años), cuando ni siquiera eran cultivadores ni nada parecido. No había pruebas en su contra presentadas por el gobierno norteamericano de los delitos supuestamente cometidos ni mecanismo legal para pedirlas. La recomendación era que se defendieran allá, como pudieran, cuando no tenían ni para pagar un tiquete a Pasto.
Lo bueno y lo malo
No es oponerse a la extradición porque sí, al contrario, es exigir que sea un procedimiento claramente reglado, trasparente, responsable, serio, que responda al propósito de evitar la impunidad de los delitos más graves que afectan la humanidad.
El país aún conserva la duda sobre la extradición de los jefes paramilitares. ¿Se privilegió la justicia norteamericana por sobre la colombiana? Los delitos que reclamaban en el norte eran únicamente por narcotráfico mientras que en Colombia se adelantaban los procedimientos contemplados en la ley de justicia y paz por delitos de lesa humanidad, genocidios, masacres, tortura, y violencia sexual sistemática en el marco del conflicto. Muy poco en materia de justicia, y mucho en términos de impunidad para los delitos más graves que se han cometido en Colombia y probablemente de los más horrendos conocidos en todo el continente y en el mundo.
Si se apega estrictamente a lo dicho, la propuesta de Petro es interesante y un paso hacia adelante en términos de justicia y soberanía. Pero no sobra recordar que los presidentes cambian, y que, si la gestión pública no se pone en piedra en un estado de derecho, en un futuro todo puede pasar. La propuesta presidencial se lanzó, pero no se dijo el cómo, tampoco se conoce la opinión del gobierno de Biden, ni sí se llevará a cabo bajo los preceptos que expone el exministro Reyes o bajo facultades definidas y establecidas por la ley y la constitución. Pueda ser que el camino elegido sea el segundo por el bien de Colombia.
