La Defensoría del Pueblo participó en el Encuentro Nacional de Comisiones Regionales de Moralización 2025: Balance y Perspectivas, un espacio para fortalecer la articulación institucional frente a los riesgos que amenazan los derechos humanos, especialmente en el contexto electoral.
En representación de la entidad, el Vicedefensor del Pueblo, Roberto Molina Palacios, intervino en el Panel 2: “Retos de los órganos de control y la Fiscalía para el proceso electoral 2026: alternativas de articulación”, en el que también participaron representantes de la Auditoría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Registraduría Nacional y la Misión de Observación Electoral; bajo la moderación del Ministro (e) de Justicia y del Derecho, Andrés Idárraga Franco.
Durante su intervención, el Vicedefensor resaltó que “la corrupción, incluida la que se presenta en escenarios electorales, no solo erosiona la democracia, sino que vulnera derechos humanos fundamentales, especialmente de poblaciones históricamente excluidas”.
Además, hizo referencia a la Alerta Temprana Electoral 013 de 2025, la cual hace un llamado a la institucionalidad y a la protección de la vida durante las elecciones de 2026. Esta Alerta clasifica 1.102 municipios según niveles de llamado a la acción y formula medidas para garantizar elecciones libres y seguras.
El Vicedefensor subrayó que “dejar de ver la corrupción únicamente como delito permite identificar las afectaciones estructurales que genera, especialmente en mujeres, juventudes, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, víctimas y firmantes del Acuerdo de Paz”.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la prevención de violaciones a los derechos humanos en escenarios electorales, el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas y la articulación con instancias como la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) y las Comisiones Regionales de Moralización, para proteger la vida, la participación y la dignidad de todas las personas.