En un contundente fallo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial suspendió por tres años a un abogado implicado en la desviacion de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) destinados a la educación en el Putumayo.
La investigación que inició tras siete años de alertas emitidas por la Contraloría General, arrojo que servidores públicos, abogados y particulares se habrían confabulado para desviar recursos públicos quienes habrías disfrazado los procesos fraudulentos como pagos de salarios provisionados para docentes.
El caso que más destaca es el de un reconocido abogado que bajo el argumento de representar los intereses de un docente se le fue consignado un valor de $47 millones de pesos. Sin embargo, la Investigación descubrió que dicho docente no solo no había autorizado la representación, sino que además estaba privado de la libertad. Sumado a que los sellos y firmas de la supuesta autenticación notarial no correspondían a los de la Notaría del Valle de Guamuez.
Asi las cosas la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, concluyó que el abogado actuó con pleno conocimiento de las irregularidades. Por tanto, el abogado fue suspendido por tres años en el ejercicio de su profesión y multado con una suma equivalente a los fondos retenidos indebidamente