En las últimas horas y por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Emilio Tapia; Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados; y Juan José Laverde, de la empresa Rave Agencia de Seguros.
Los procesados estarían involucrados en irregularidades detectadas en un contrato por más de un billón de pesos, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) y la Unión Temporal Centros Poblados, con el propósito de llevar el servicio de internet a escuelas rurales del país.
Falsificación
El material de prueba da cuenta de que se habría falsificado la garantía bancaria para el contrato, que supuestamente fue suscrita el 28 de octubre del año pasado. Este documento fraudulento, al parecer, fue cargado al Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y presentado ante (MinTic).
Para la Fiscalía, supuestamente, se radicaron pólizas falsas para soportar una oferta en el proceso de licitación pública y quedarse con el millonario contrato, como efectivamente ocurrió. Esto evidenciaría que se indujo a error a los funcionarios encargados de la etapa precontractual y contractual.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, cargos que no fueron aceptados.
Las capturas
Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde fueron capturados por personal del CTI de la Fiscalía, en diligencias realizadas en Barranquilla (Atlántico) y Medellín (Antioquia). Este resultado hace parte de una línea investigativa relacionada con las posibles falsedades detectadas.
Simultáneamente, avanza otro frente de indagación que busca esclarecer el destino y uso de los dineros públicos comprometidos.
Tapia, empresario condenado por el ‘carrusel de la contratación’ y quien tiene el beneficio de la detención domiciliaria, según fuentes cercanas al caso fue capturado en una clínica ubicada en el norte de Barranquilla por investigadores que viajaron desde Bogotá a realizar el procedimiento.
El CTI también capturó en su vivienda a Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, ganadora del polémico contrato por más de $1 billón para llevar internet a más de 7 mil colegios públicos rurales de 15 departamentos del país, en el que se habrían presentado garantías bancarias falsas y un desembolso del anticipo por $70 mil millones.
Por su parte Mintic anunció que inició liquidación de contrato a Centros Poblados, luego de este tremendo escándalo que le costó el cargo a la ministra de las TIC, Karen Abudinen.
Revelaciones
Duque, directivo de Rave Agencia de Seguros fue detenido porque desde esta empresa se habrían tramitado las garantías bancarias supuestamente falsas.
En medio de las diligencias de entrevistas que ha adelantado el ente acusador, varios presuntos implicados habrían revelado la manera en que se habrían cometido las aparentes irregularidades e, incluso, habrían entregado información sobre reuniones y trámites, así como chats en medios electrónicos.
Ante esas revelaciones, ahora los entes investigadores han iniciado el proceso de “seguirle la pista al dinero embolatado” con el fin de lograr su recuperación, en tanto que de manera extraoficial se anunció que es posible que en el transcurso de los próximos días se produzcan nuevas capturas.