La estrategia de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta un nuevo escenario de tensión: mientras la administración defiende una ofensiva militar más contundente contra los grupos armados ilegales, diferentes decisiones judiciales han impuesto restricciones a los bombardeos cuando existe información sobre la posible presencia de niños, niñas o adolescentes en los objetivos.
La controversia tomó fuerza después de varias operaciones militares realizadas durante las primeras semanas del nuevo Gobierno, en las que murieron integrantes de estructuras armadas y también menores de edad que, según las autoridades, habrían sido reclutados por estos grupos.
Ante esta situación, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó como medida cautelar que las Fuerzas Militares se abstengan de realizar operaciones aéreas ofensivas contra objetivos cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores. La orden permanecerá vigente mientras se estudia de fondo una acción de tutela.
La respuesta de la justicia
La decisión judicial establece que, antes de realizar un ataque, las autoridades deben evaluar las condiciones existentes en el terreno y verificar si existen alternativas operacionales menos lesivas para alcanzar el objetivo militar.
El Gobierno y la cúpula militar impugnaron inicialmente la medida, argumentando la necesidad de mantener las capacidades operacionales de la Fuerza Pública. Sin embargo, el 10 de septiembre una jueza de Bogotá decidió mantener vigente la restricción, por lo que los límites a este tipo de operaciones continúan mientras avanza el proceso judicial.
El caso no se limita a Bogotá. En el Guaviare, otro juez ordenó temporalmente suspender los bombardeos cuando los informes de inteligencia adviertan sobre la posible presencia de menores en las zonas de operación. Esta decisión se produjo en medio de otra acción de tutela relacionada con la protección de niños y adolescentes vinculados o expuestos al conflicto armado.
Un choque entre seguridad y protección de menores
El debate plantea uno de los dilemas más complejos de la política de seguridad: cómo combatir a estructuras armadas que utilizan menores de edad sin poner en riesgo la vida de esos mismos niños y adolescentes.
Para el Gobierno, las operaciones contra grupos armados forman parte de una política de seguridad destinada a recuperar el control territorial y enfrentar a las organizaciones ilegales. Para los demandantes y los jueces que han intervenido en los casos, la presencia de menores obliga a extremar las precauciones y a considerar otras alternativas antes de recurrir a ataques aéreos.
La discusión también involucra las obligaciones del Estado en materia de protección de la infancia y las reglas del Derecho Internacional Humanitario, particularmente cuando existen civiles o menores en medio de las estructuras armadas.
El pulso continúa en los tribunales
Por ahora, las decisiones conocidas son principalmente medidas cautelares y no representan un pronunciamiento definitivo sobre la totalidad de la política de bombardeos del Gobierno.
Sin embargo, el efecto político y operativo es significativo. La Fuerza Pública debe incorporar las restricciones establecidas por los jueces mientras continúan los procesos judiciales, al tiempo que el Gobierno deberá defender ante los tribunales la legalidad y necesidad de sus operaciones.
El enfrentamiento entre ambas posiciones podría convertirse en uno de los principales debates de la política de seguridad de los próximos meses: de un lado, un Gobierno que apuesta por una ofensiva militar contra las organizaciones armadas; del otro, jueces y organizaciones que reclaman mayores garantías para los menores atrapados en el conflicto.
La decisión definitiva de los tribunales será clave para determinar hasta dónde puede llegar la estrategia de bombardeos y cuáles deberán ser los protocolos que las Fuerzas Militares deberán cumplir cuando exista riesgo de que menores de edad se encuentren en los objetivos de una operación.
