Fiscalía revela presunto uso de contratos para frenar demanda electoral.
Redacción Extra
La Fiscalía General de la Nación avanzó en el proceso judicial contra el exalcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, tras la realización de la audiencia de imputación de cargos en la que también fueron vinculados tres exfuncionarios y un particular, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de prestación de servicios. De acuerdo con el ente acusador, Krasnov fue imputado como presunto coautor de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos, conductas que estarían relacionadas con un presunto acuerdo para influir en el retiro de una demanda de nulidad electoral interpuesta contra su elección como mandatario en 2023. En el mismo proceso fueron imputadas la exdirectora de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán, señalada como coautora; la exgestora social, Sara Catalina Pedraza Canaria, en calidad de cómplice; y el particular Miguel Ángel Ruiz Suárez, presuntamente vinculado a la ejecución de las actuaciones investigadas. Según la Fiscalía, los implicados habrían coordinado acciones para favorecer la suscripción de un contrato en 2024, el cual habría sido utilizado como mecanismo para beneficiar a un abogado que previamente había instaurado una acción judicial contra la elección de Krasnov. La hipótesis del ente investigador sostiene que dicho contrato haría parte de compromisos adquiridos en reuniones previas, con el objetivo de lograr el desistimiento de la demanda.
Además, el organismo acusador expuso que dentro de las actuaciones investigadas existirían presiones indebidas e incluso posibles amenazas dirigidas a garantizar el retiro de la acción legal, lo que configuraría una afectación al normal desarrollo de la administración de justicia y al principio de transparencia en la contratación pública. Durante la diligencia judicial, Mikhail Krasnov no aceptó los cargos imputados, por lo que el proceso continuará en las siguientes etapas, donde la Fiscalía deberá sustentar su teoría del caso ante un juez de conocimiento. La defensa del exmandatario, por su parte, habría intentado frenar el avance de la audiencia mediante recusaciones e impedimentos, los cuales fueron rechazados por el despacho judicial al considerar que no cumplían con los requisitos legales.
Este caso pone en el centro del debate la posible utilización de la contratación pública con fines distintos a los establecidos por la ley, así como eventuales interferencias en procesos judiciales relacionados con la legitimidad electoral. Con la imputación formal ya realizada, el proceso avanza hacia la etapa de acusación, en la que se definirá si existen los elementos suficientes para llevar a juicio a los implicados. Entretanto, las autoridades continúan recopilando material probatorio para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades individuales en uno de los casos más sensibles para la institucionalidad local en Tunja.
