Carlos Ernesto Torres Aguirre, diputado/foto: archivo particular.
El diputado de Boyacá, Carlos Ernesto Torres Aguirre, solicitó iniciar un trámite incidental de desacato contra el departamento de Boyacá, Coservicios, el Instituto de Tránsito de Boyacá (Itboy) y los demás accionados, por el presunto incumplimiento de una orden judicial relacionada con el tramo vial Iza-Cuítiva, sector Puente Canoas.

Solicitud
La solicitud está relacionada con una acción popular mediante la cual se ordenaron diferentes actuaciones para atender la situación de este corredor vial y garantizar los derechos e intereses colectivos de la comunidad.
Según expuso el diputado, a la fecha de presentación del incidente los accionados no habrían cumplido de manera integral y oportuna las órdenes impartidas por el despacho judicial. Torres Aguirre señaló que la situación que originó la acción popular continuaría sin una solución de fondo.
El dirigente político sustentó además su solicitud en lo ocurrido durante la audiencia de verificación de cumplimiento del fallo, realizada el pasado 5 de agosto de 2026. De acuerdo con su planteamiento, durante esta diligencia se evidenciaron dificultades y presuntas demoras en el cumplimiento de las órdenes judiciales.
Torres Aguirre también manifestó que, pese a la existencia de un Comité de Verificación de Cumplimiento, persistirían dificultades para avanzar en las actuaciones requeridas. Según indicó, en reuniones y diligencias anteriores se habrían establecido compromisos por parte de los accionados que posteriormente no se habrían materializado en los términos acordados.
La situación está relacionada con derechos e intereses colectivos contemplados en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, entre ellos la seguridad y la prevención de desastres previsibles técnicamente, así como el desarrollo ordenado de obras y construcciones en beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso admitió la solicitud de trámite incidental de desacato. Ahora corresponde al despacho judicial adelantar las actuaciones correspondientes y determinar si existió o no incumplimiento de las órdenes impartidas. La decisión que adopte el juzgado definirá el alcance de las responsabilidades de los accionados frente al cumplimiento del fallo relacionado con el corredor vial Iza-Cuítiva, sector Puente Canoas.




