Los hechos ocurrieron en la noche del 15 de agosto del 2020 en el Municipio de Samaniego (Nariño), cuando un grupo de pistoleros armados masacraron a ocho jóvenes que compartían en una reunión de amigos.
La semana pasada la fiscalía general de la Nación (en cabeza del polémico Francisco Barbosa) anuncio que Andrés Fernando Mariano y Yeiron Pantoja Rodríguez son responsables del delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo, concierto para delinquir, fabricación, trafico, porte ilegal de armas y uso privativo de las fuerzas armadas- un prontuario bastante extenso-, por lo que deberán pagar una multa de 1.550 SMLV y 29 años de prisión.
Cabe recordar que a lo largo de la investigación fueron asesinados en extrañas circunstancias otros dos responsables – Kevin Alexander Bastidas y Óscar Ferney Martínez-, siendo, así las cosas, podríamos decir que en este polémico caso la justicia tardo, pero llego, sin embargo, aún quedan preguntas por responder, ¿Quién dio la orden?, ¿Por qué los asesinaron?
Lo cierto es que hasta el momento los verdugos de la juventud serán recluidos en nuestro pésimo sistema carcelario que se enfoca en castigar y no rehabilitar, por lo que las cárceles colombianas terminan convirtiéndose en grandes universidades del delito.
Adenda: Al norte del departamento de Nariño, en la vereda El Rincón ocurrió algo inusual, una turba de 2,000 personas rodeó a los militares del Batallón de Infantería No. 9 Batalla de Boyacá, quienes fueron obligados a abandonar el sector. Lo anterior significa que la estructura armada residual Franco Benavides esta incitado a la comunidad para que la fuerza pública no pueda realizar actividades de control, algo gravísimo en un estado social de derecho.
El suceso antes ocurrido se suma a las alertas residuales 082 del 2018 y 036 del 2020 proferidas por la Defensoría del Pueblo en las que hablan de la vulnerabilidad de las comunidades en Cumbitara, El Rosario, Leiva y Policarpa.
Pero lo curioso del asunto es que esta NO es la primera vez que algo así ocurre, pues la semana pasada en las veredas La Sierra y La Esmeralda, unidades militares fueron rodeadas por habitantes de la zona y fueron obligados a desalojar, lo anterior significa que en el departamento de Nariño el estado colombiano es inexistente pues la fuerza publica ya no puede irrumpir en una zona que ahora le pertenece a los grupos ilegales, abandonando a su suerte a los miles de niños, mujeres, campesinos e indígenas que viven en el territorio.