Una jueza de Bogotá ordenó al Estado colombiano suspender los bombardeos contra objetivos donde exista información sobre la posible presencia de menores reclutados o utilizados por grupos armados ilegales. La decisión provisional se produjo después de una acción de tutela presentada en representación de niños y adolescentes que podrían encontrarse en situación de riesgo.
La determinación genera un importante debate nacional sobre las operaciones militares contra grupos armados y la obligación de proteger a los menores de edad. La orden también establece que las autoridades deben analizar alternativas que puedan reducir los riesgos para los niños y adolescentes antes de realizar este tipo de operaciones.




