Una de las noticias que más polémica está generando hoy es la decisión de una jueza de Bogotá de ordenar al Gobierno y a las Fuerzas Militares suspender provisionalmente los bombardeos contra objetivos donde exista información sobre la presencia de menores reclutados por grupos armados ilegales. La medida se produce después de varias operaciones militares realizadas entre agosto y septiembre, en las que murieron menores de edad. La jueza señaló que el Estado debe buscar alternativas que permitan enfrentar a los grupos armados sin poner en riesgo a niños y adolescentes que hayan sido reclutados. El tema ha provocado una fuerte discusión nacional porque enfrenta dos preocupaciones: la necesidad de combatir a las estructuras armadas y, al mismo tiempo, la obligación de proteger a los menores que se encuentran dentro de esos grupos. La decisión es provisional mientras se estudia de fondo la tutela presentada para proteger a los niños y adolescentes.
