Víctor Alfonso Gamboa Chaparro exalcalde/ foto: archivo particular.
El Juzgado Noveno Administrativo Oral de Tunja negó la solicitud presentada por la sociedad Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. para suspender el proceso judicial que adelanta contra el municipio de Villa de Leyva por la negativa a revalidar una licencia de construcción relacionada con el proyecto urbanístico denominado Nuestra Señora del Buen Suceso.
La decisión fue adoptada mediante providencia del 10 de junio de 2026 por la jueza Rosa Milena Robles Espinosa, quien concluyó que no existen fundamentos jurídicos para detener el trámite mientras avanzan las investigaciones penales que involucran al suspendido alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro.
La empresa argumentó que las actuaciones administrativas que dieron origen a la controversia podrían haber estado influenciadas por hechos que actualmente son materia de investigación por parte de la Fiscalía. Sin embargo, el despacho consideró que el proceso administrativo y el penal persiguen objetivos distintos y que la legalidad de los actos demandados puede evaluarse de manera independiente, sin necesidad de esperar una decisión en el ámbito penal.
Además de rechazar la suspensión, el juzgado accedió a una solicitud del municipio y otorgó un plazo adicional de 45 días hábiles para que el ingeniero Frasser Augusto Zambrano Salazar complete y entregue un dictamen pericial de contradicción. La medida busca fortalecer el análisis técnico de los hechos que son objeto de discusión dentro del proceso.
La jueza también ordenó a la sociedad demandante permitir el ingreso del perito al predio donde se desarrolla el proyecto urbanístico para realizar una inspección técnica. La diligencia deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la decisión. Asimismo, se recordó que cualquier obstáculo al desarrollo de la prueba podría derivar en sanciones legales e incluso en medidas judiciales para garantizar su práctica.
Como consecuencia de la ampliación del plazo para el peritaje, las audiencias previstas inicialmente para junio fueron reprogramadas para los días 25, 26, 27 y 28 de agosto de 2026. La decisión representa un revés procesal para la empresa demandante y, al mismo tiempo, permite al municipio reforzar su defensa mediante elementos técnicos que serán determinantes para el avance del proceso judicial.
