La ofensiva judicial contra las estructuras armadas ilegales en el suroccidente del país dio un nuevo paso con la judicialización de Luis Alberto Villota Rodríguez, alias Tito, señalado cabecilla del Frente Comuneros del Sur de la subestructura Jaime Toño Obando del Ejército de Liberación Nacional (ELN), por su presunta responsabilidad en homicidios, secuestros, torturas y desplazamientos forzados en el departamento de Nariño.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los elementos materiales probatorios recopilados indican que el procesado habría ordenado múltiples acciones criminales contra población civil y líderes sociales en el municipio de Linares y otras localidades del departamento.
Intimaciones y torturas
Uno de los hechos más graves ocurrió el 29 de diciembre de 2023, en el corregimiento de Tabiles. Según la investigación, hombres armados bajo su mando habrían ingresado a dos viviendas y se llevaron por la fuerza a 13 personas, quienes posteriormente fueron trasladadas a un inmueble abandonado.
Las víctimas permanecieron retenidas durante un día. En ese lapso, habrían sido intimidadas y sometidas a tratos degradantes por no contar con un supuesto “salvoconducto” impuesto por el grupo armado para permitir la movilidad en determinadas zonas. Nueve personas recuperaron la libertad; sin embargo, cuatro fueron asesinadas.
Entre las víctimas se encontraba la líder comunal y defensora de derechos humanos Martha Yolanda Benavides, así como un adolescente de 17 años. Días después, las autoridades hallaron los cuerpos en distintos municipios del departamento. Todos presentaban impactos de arma de fuego. Tras los hechos, familiares de las víctimas abandonaron la región en medio de amenazas atribuidas al ELN.
Sangriento historial
La investigación también vincula a alias Tito con otro hecho ocurrido el 9 de octubre de 2023 en la vía que comunica a Túquerres con Samaniego. En ese lugar, un componente armado del Frente Comuneros del Sur interceptó un vehículo en el que se movilizaban tres personas. Las víctimas fueron llevadas a una zona boscosa, golpeadas e intimidadas. Dos hombres fueron liberados, mientras que una mujer fue asesinada.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación imputó a Villota Rodríguez los delitos de homicidio en persona protegida, homicidio agravado, secuestro agravado, desplazamiento forzado agravado, tortura en persona protegida y rebelión.
El procesado no aceptó los cargos. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. Este caso vuelve a poner en evidencia la compleja situación de orden público que enfrenta Nariño, especialmente en zonas rurales donde los grupos armados ilegales continúan ejerciendo control territorial y afectando gravemente a la población civil y a los liderazgos sociales.
