Los siete integrantes del antiguo Secretariado deberán cumplir entre cinco y ocho años de sanción propia, con restricciones de movilidad y monitoreo electrónico. La primera actividad se desarrollará en Pitalito.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzó a formalizar la ejecución de las sanciones impuestas a siete integrantes del antiguo Secretariado de las Farc por su responsabilidad en hechos relacionados con la política de secuestro. En lugar de una pena de prisión, los comparecientes deberán cumplir sanciones propias que combinan actividades restaurativas con restricciones a su libertad.
Entre las primeras labores previstas se encuentra la búsqueda de personas desaparecidas en Pitalito, Huila. Según el cronograma establecido, entre el 21 y el 30 de septiembre cinco de los sancionados —Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel— participarán en trabajos de apoyo en el cementerio San Antonio de Padua.
Las actividades estarán bajo la orientación técnica de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. En el lugar se encuentran casos de víctimas acreditadas ante la JEP y las labores contemplan tareas como adecuación de terrenos, excavaciones manuales, tamizado de material y apoyo logístico a los equipos especializados.
Los exintegrantes de las Farc no tendrán funciones relacionadas con procedimientos forenses. Su participación estará limitada a labores físicas y logísticas que hagan parte del proceso de búsqueda.
Mientras tanto, Julián Gallo y Pablo Catatumbo, quienes no fueron asignados al proyecto de Pitalito, comenzarán en Bogotá las actividades de memoria contempladas dentro de sus respectivos planes restaurativos.
Restricciones durante la sanción
La JEP estableció un régimen de condiciones que deberán cumplir los siete comparecientes durante la ejecución de las sanciones. Entre ellas está la obligación de permanecer en la sede territorial asignada para cada etapa del cronograma y la prohibición de cambiar de residencia sin autorización previa de la Sección correspondiente.
También deberán cumplir jornadas destinadas a trabajos, obras y actividades restaurativas. El horario general establecido es de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, aunque la JEP podrá modificarlo dependiendo de las necesidades de cada proyecto o de circunstancias debidamente justificadas.
Otra de las restricciones establece que los sancionados no podrán salir del departamento en el que desarrollen cada fase sin autorización judicial. La salida del país estará prohibida durante todo el periodo de cumplimiento de la sanción, salvo las condiciones excepcionales que determine la autoridad competente.
Además, los siete deberán portar dispositivos de monitoreo electrónico durante las 24 horas, como parte del mecanismo de seguimiento establecido por la JEP.
¿Cuánto tiempo deberá cumplir cada uno?
Las sanciones tienen diferentes duraciones para cada integrante del antiguo Secretariado:
- Rodrigo Londoño Echeverri: 8 años.
- Pablo Catatumbo Torres Victoria: 8 años.
- Jaime Alberto Parra Rodríguez: 7 años, 10 meses y 2 días.
- Milton de Jesús Toncel Redondo: 7 años, 8 meses y 25 días.
- Pastor Lisandro Alape Lascarro: 6 años, 11 meses y 22 días.
- Julián Gallo Cubillos: 6 años.
- Rodrigo Granda Escobar: 5 años.
La JEP contempla un total de 79 actividades restaurativas distribuidas en siete regiones y 12 departamentos. El inicio del cronograma tuvo un retraso debido a que la sentencia de segunda instancia aún no había quedado en firme mientras se resolvían solicitudes de aclaración. La jurisdicción consideró esta situación como un caso de fuerza mayor y ajustó las fechas de ejecución sin modificar la duración de las sanciones.
La búsqueda de desaparecidos, el primer paso
El proyecto en Pitalito tendrá como uno de sus objetivos contribuir a la búsqueda de personas cuyo paradero continúa sin esclarecerse. De acuerdo con la información incorporada al proceso, en el cementerio San Antonio de Padua existen 27 víctimas acreditadas dentro de los macrocasos 01 y 10 de la JEP.
En el departamento de Huila también se han identificado casos de personas desaparecidas relacionados con el conflicto armado. La participación de los sancionados en estas actividades forma parte del componente restaurativo de la sentencia.
Para garantizar la ejecución de las sanciones, distintas entidades estatales tendrán responsabilidades específicas. La Agencia para la Reincorporación deberá garantizar condiciones de alojamiento, alimentación y atención en salud; el Ministerio de Defensa tendrá que establecer un protocolo de seguridad para las actividades en Pitalito y presentar informes periódicos; y Medicina Legal deberá realizar las valoraciones médicas y psicológicas correspondientes.
La Secretaría Ejecutiva de la JEP, por su parte, tendrá que elaborar y entregar los planes y protocolos necesarios para desarrollar las actividades, además de presentar informes sobre su ejecución.
La Procuraduría y la Contraloría también tendrán funciones de seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas.
Antes de poner en marcha cada proyecto, además, deberán ser tenidas en cuenta las víctimas acreditadas en los territorios donde se desarrollarán las actividades. La JEP estableció mecanismos para que sus representantes puedan pronunciarse sobre la manera en que deberán ejecutarse los trabajos restaurativos.
Con estas medidas, la JEP inicia una nueva etapa de cumplimiento de las sanciones impuestas a los antiguos integrantes del Secretariado, bajo un modelo que combina trabajos de reparación y restauración con restricciones estrictas de movilidad y vigilancia judicial.
