El exrepresentante a la Cámara por Caquetá enfrenta un juicio transicional ante la Jurisdicción Especial para la Paz por la acusación de persecución como crimen de lesa humanidad. La JEP señala que habría existido una alianza con las antiguas Farc para afectar al grupo político de la familia Turbay Cote y consolidar un control político en el departamento.

Comienza una de las etapas judiciales más importantes de la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició formalmente el juicio contra el excongresista colombiano Luis Fernando Almario Rojas, en un proceso considerado histórico dentro de la justicia transicional porque se trata del primer juicio que aborda un caso relacionado con la denominada “Farcpolítica” dentro de esta jurisdicción.

La audiencia preparatoria del juicio fue adelantada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, después de que el proceso superara diferentes recursos presentados por la defensa del exparlamentario, entre ellos solicitudes de nulidad y cuestionamientos sobre la acusación formulada en su contra.

La Unidad de Investigación y Acusación (UIA), conocida como la “Fiscalía” de la JEP, acusa a Almario de ser presunto coautor del delito de persecución como crimen de lesa humanidad, relacionado con hechos ocurridos durante el conflicto armado en el departamento del Caquetá.

¿Quién es Luis Fernando Almario?

Luis Fernando Almario Rojas fue representante a la Cámara por el departamento del Caquetá y durante varios años tuvo una fuerte influencia política en esa región del sur del país.

Su trayectoria política estuvo marcada por su liderazgo dentro de las estructuras tradicionales del poder regional, pero también por investigaciones judiciales relacionadas con su presunta relación con actores armados ilegales.

En 2016, Almario fue condenado por la justicia ordinaria a una pena de prisión por vínculos con grupos paramilitares, aunque posteriormente la JEP asumió parte de su caso dentro del marco de sus competencias relacionadas con hechos del conflicto armado.

El proceso que ahora avanza en la JEP está relacionado principalmente con hechos ocurridos entre finales de la década de 1990 y comienzos de los años 2000, cuando el Caquetá era uno de los territorios con mayor presencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

La acusación de la JEP: persecución contra el grupo Turbay Cote

Según la investigación adelantada por la Unidad de Investigación y Acusación, Almario habría participado en un supuesto plan coordinado con integrantes de las antiguas Farc para eliminar la influencia política del llamado turbayismo, movimiento asociado a la familia Turbay Cote, una de las familias políticas más importantes del Caquetá.

La acusación sostiene que la persecución habría afectado a alrededor de 30 personas entre líderes políticos, simpatizantes y colaboradores de ese grupo, mediante hechos como homicidios, secuestros y desplazamientos forzados motivados por razones políticas.

Uno de los episodios más recordados dentro de este expediente ocurrió en diciembre del año 2000, cuando integrantes de las Farc asesinaron al entonces gobernador del Caquetá, Diego Turbay Cote, junto con otras personas que lo acompañaban.

La JEP investiga si estos hechos hicieron parte de una estrategia más amplia para modificar el equilibrio político del departamento y favorecer intereses de determinados sectores mediante la violencia.

Un delito de especial relevancia: persecución como crimen de lesa humanidad

Uno de los aspectos más relevantes del caso es que la acusación contra Almario está centrada en el delito de persecución, una conducta reconocida dentro del derecho penal internacional como crimen de lesa humanidad cuando hace parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil por razones políticas, religiosas, étnicas u otras características protegidas.

La JEP señaló que la acusación presentada por la UIA cumple con los estándares del derecho internacional y dejó en firme el proceso después de revisar los recursos interpuestos por la defensa.

Este elemento convierte el caso en uno de los expedientes más relevantes de la jurisdicción, debido a que aborda no solamente hechos individuales de violencia, sino una posible estrategia organizada para transformar el escenario político de una región utilizando la violencia armada.

La relación investigada con las antiguas Farc

De acuerdo con la Fiscalía de la JEP, la hipótesis del caso plantea que Almario habría tenido una presunta alianza con comandantes de las antiguas Farc para debilitar a sus opositores políticos.

La investigación menciona que dicha supuesta articulación habría ocurrido durante varios años y habría involucrado a estructuras guerrilleras que tenían presencia en Caquetá, una zona estratégica durante el conflicto armado colombiano.

Sin embargo, es importante aclarar que estas afirmaciones corresponden a las acusaciones formuladas por la JEP y deberán ser debatidas durante el juicio. Almario mantiene su postura de rechazo frente a los señalamientos y no aceptó responsabilidad por el crimen de lesa humanidad que se le atribuye.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

Con el inicio formal del juicio, la JEP entrará en una fase donde se analizarán las pruebas presentadas por la Unidad de Investigación y Acusación, la defensa del excongresista y la participación de las víctimas.

El proceso será de carácter adversarial transicional, una modalidad propia de la JEP para los comparecientes que no reconocen responsabilidad en los hechos investigados.

Durante esta etapa se buscará establecer si existen elementos suficientes para determinar la responsabilidad de Almario en los hechos señalados o si, por el contrario, la defensa logra demostrar que no tuvo participación en los crímenes investigados.

Un caso clave para entender la violencia política en Colombia

El juicio contra Luis Fernando Almario representa uno de los procesos más significativos para analizar cómo la violencia armada estuvo relacionada con disputas por el poder político regional.

Más allá de la situación individual del excongresista, el expediente busca esclarecer si existió una estrategia criminal destinada a eliminar una corriente política completa mediante asesinatos, desplazamientos y persecución.

Para las víctimas, el proceso representa una oportunidad para avanzar en la verdad judicial sobre hechos ocurridos durante una de las épocas más violentas del conflicto armado colombiano.