La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia asumió la competencia formal para enjuiciar a 22 exintegrantes de las Fuerzas Militares y civiles vinculados a 301 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, ocurridas entre 2005 y 2008 en el departamento de Casanare. Esta decisión marca el inicio de la fase de juicio en la que los magistrados deberán analizar si los reconocimientos de responsabilidad y los relatos aportados por los implicados coinciden con las pruebas recopiladas por la justicia transicional.
Entre los procesados figuran oficiales de alto rango, como el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, exjefe del Gaula Casanare Gustavo Enrique Soto Bracamonte y el exdirector seccional del desaparecido DAS Orlando Rivas Tovar, además de varios exmiembros del Ejército y dos civiles. La investigación determinó que estos individuos hicieron parte de una estructura criminal dentro de la Brigada XVI que presentaba civiles inocentes como bajas en combate para mostrar resultados operacionales ficticios, lo que constituye crímenes de guerra y de lesa humanidad, y que las víctimas fueron engañadas con falsas acusaciones y armadas artificialmente para simular combates.
El proceso, llamado “juicio dialógico”, permite una interacción directa entre los responsables y las víctimas, con la posibilidad de imponer sanciones restaurativas orientadas a la verdad, la reparación y la no repetición, además de restricciones de derechos y libertades para los implicados. Esta es una de las etapas más avanzadas del caso y busca integrar de manera integral las exigencias de las víctimas en la construcción de la sentencia de primera instancia.
