La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una decisión histórica al imponer una sanción alternativa al exteniente coronel Germán Alberto León Durán, quien reconoció su responsabilidad en 31 casos de ejecuciones extrajudiciales conocidas en Colombia como “falsos positivos”. Esta sentencia marca un precedente dentro del sistema de justicia transicional, al tratarse de uno de los casos más relevantes relacionados con el reconocimiento tardío de responsabilidad por parte de un integrante de la fuerza pública.
Investigación
León Durán fue declarado responsable de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas fraudulentamente como bajas en combate durante el tiempo en que comandó el Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez. La JEP determinó que estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, debido a la gravedad de las conductas y al impacto generado en las víctimas y sus familias.
Como resultado de su reconocimiento de responsabilidad, el exmilitar recibió una condena de 69 meses y un día de prisión efectiva, equivalente a cinco años, nueve meses y un día. La decisión se produjo en el marco del mecanismo de reconocimiento tardío, que permite a los comparecientes acceder a sanciones reducidas siempre que aporten verdad, reconozcan los hechos y contribuyan a la reparación de las víctimas antes de recibir una condena definitiva.
La investigación desarrollada dentro del Macrocaso 03 permitió establecer que las víctimas eran principalmente hombres jóvenes, campesinos y personas en condiciones de vulnerabilidad provenientes de diferentes regiones del país. Muchas de ellas fueron engañadas mediante falsas ofertas de trabajo, trasladadas a otros lugares y posteriormente asesinadas para ser reportadas como supuestos combatientes abatidos en operaciones militares.
Proceso judicial
Durante el proceso judicial, León Durán admitió que su responsabilidad fue más allá de una simple falta de control. Reconoció haber tomado decisiones conscientes que facilitaron la comisión de los crímenes, incluyendo la omisión de verificaciones sobre la legalidad de las operaciones, la fabricación de antecedentes falsos y la estigmatización de las víctimas. Además, aceptó que priorizó su carrera militar por encima de la protección de la vida de civiles inocentes.
La JEP concluyó que los hechos investigados no fueron acciones aisladas ni excesos individuales, sino parte de un patrón criminal sistemático. Según las investigaciones, el 94 % de los resultados operacionales reportados durante su comandancia fueron considerados ilegítimos. Asimismo, se determinó que ejerció control sobre la estructura responsable de estas conductas.
Durante la audiencia pública, el exteniente coronel pidió perdón a las familias afectadas y asumió varios compromisos restaurativos, entre ellos colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas, participar en actos de reconocimiento y dignificación de las víctimas, entregar documentación relevante para el esclarecimiento de los hechos y promover procesos de formación en ética y derechos humanos dentro del Ejército Nacional.
Esta decisión representa un paso importante en los esfuerzos por garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas del conflicto armado colombiano.
