El Gobierno de Israel defendió este lunes (05.01.2026) ante el Tribunal Supremo la continuidad de la prohibición que impide a periodistas extranjeros acceder a la Franja de Gaza, incluso tras la entrada en vigor del alto el fuego. Según la Fiscalía, persisten condiciones que suponen un riesgo para la seguridad en el territorio palestino.
En un escrito presentado ante el alto tribunal, el Ejecutivo argumentó que, pese a algunos cambios en la situación sobre el terreno, continúan produciéndose amenazas e incidentes que hacen inviable autorizar el ingreso de reporteros sin supervisión militar. La posición oficial se basa en la evaluación de las autoridades de defensa, que consideran que el peligro no ha desaparecido.
La respuesta del Gobierno se produjo tras una demanda presentada en 2024 por la Asociación de la Prensa Extranjera en Jerusalén (FPA), organización que agrupa a cientos de corresponsales internacionales que trabajan en Israel y los Territorios Palestinos. La FPA había solicitado a la justicia que se permitiera el acceso inmediato e independiente de periodistas a Gaza, una petición que había sido aplazada en varias ocasiones.
Según el documento remitido al Supremo, la Fiscalía sostiene que no debe autorizarse la entrada de periodistas —sean extranjeros o locales— sin escolta del Ejército, ya que ello podría comprometer la seguridad tanto de los reporteros como de las fuerzas desplegadas en la zona.
Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza en octubre de 2023, tras los ataques de Hamás en Israel, el acceso de la prensa internacional ha estado severamente restringido. Los pocos ingresos permitidos han sido bajo acompañamiento militar y en áreas sin presencia civil. Como consecuencia, gran parte de la cobertura informativa desde el enclave ha dependido de periodistas palestinos, varios de los cuales han muerto durante el conflicto. Solo en 2025, al menos 29 reporteros perdieron la vida mientras ejercían su labor.
En resoluciones anteriores, el Tribunal Supremo había señalado que la presencia de periodistas podría poner en riesgo operaciones militares al revelar información sensible, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar esta postura si la situación cambiaba. Sin embargo, el Gobierno considera que las condiciones actuales aún no permiten levantar el veto.
La FPA, por su parte, denuncia que estas restricciones impiden a los medios cumplir con su función informativa y limitan el derecho de la ciudadanía a recibir información independiente sobre lo que ocurre en Gaza.