La expedición del Decreto 0182 de 2026 por parte del Gobierno nacional ha generado preocupación entre el sector salud, debido a los cambios que introduce en el funcionamiento de las EPS y al impacto que tendría en la redistribución de usuarios. La norma establece límites al número de EPS que pueden operar en un territorio según su población, lo que impulsará traslados masivos desde entidades con menor cobertura.
La Unión de IPS alertó que más de tres millones de afiliados serían trasladados hacia la Nueva EPS, lo que podría agravar los problemas financieros y operativos de varias EPS intervenidas y poner en riesgo la calidad del servicio. Su director, Jorge Toro, señaló en diálogo con Blu Radio que concentrar a la mayoría de usuarios en una sola entidad genera inquietud entre usuarios y prestadores. Según dijo, no solo preocupa la carga adicional que llegaría, sino también el efecto sobre quienes ya están afiliados a esa EPS.
El gremio también expresó incertidumbre por la falta de actualización de los estados financieros de la Nueva EPS, lo que dificulta conocer su nivel real de endeudamiento. No obstante, la Superintendencia Nacional de Salud ha señalado previamente que los pasivos de la entidad podrían rondar los 15 billones de pesos.
De acuerdo con Toro, la reorganización interna que adelanta la Nueva EPS implicaría dejar de contratar con algunas IPS —aun con deudas pendientes— y abrir acuerdos con otras, lo que podría reproducir incumplimientos en la red de prestación.
Expertos en salud estiman que el decreto podría provocar el traslado de más de dos millones de afiliados hacia la Nueva EPS, reforzando su posición como la mayor aseguradora del país. Entre tanto, EPS con menor capacidad como Sanitas, Sura, Salud Total o Famisanar verían reducida su base de afiliados debido a los criterios del nuevo decreto.
La norma también contempla un tratamiento especial para pacientes de alto costo y mujeres gestantes, con el fin de garantizar traslados sin barreras en medio de la reorganización del sistema.
