Denuncian olores intensos, proliferación de moscas y contaminación del río.
El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Tunja admitió una acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García contra el municipio de Moniquirá, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Corpoboyacá y la empresa Pollos El Dorado – Inversiones El Dorado S.A.S. El proceso judicial se origina por la presunta afectación ambiental y sanitaria derivada de la operación de la granja La Vega, ubicada en el sector Milenio de la vereda Monjas. De acuerdo con el auto fechado el 7 de abril de 2026, el demandante argumenta que la actividad avícola en este predio estaría generando graves impactos en la comunidad, debido a la inadecuada gestión de residuos, la emisión de olores “nauseabundos y putrefactos”, la proliferación de moscas y la posible contaminación de las aguas del río Moniquirá. Aunque el foco de la problemática se ubica en la vereda Monjas, se advierte que los efectos se extienden a otras zonas rurales como Coralina, Ventareal, El Shovo y San Cristóbal, afectando tanto el aire como el recurso hídrico. La acción judicial busca la protección de derechos colectivos como el goce de un ambiente sano, la salubridad pública, el equilibrio ecológico y la moralidad administrativa. Asimismo, plantea la necesidad de prevenir daños previsibles, garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y proteger áreas de especial importancia ecológica, así como la fauna y la flora de la región. Dentro de las principales pretensiones, el accionante solicita que se ordene al ICA y a Corpoboyacá la suspensión inmediata y definitiva de las actividades de la granja La Vega. También pide que estas entidades emiten actos administrativos para restringir o prohibir este tipo de operaciones en la zona, y que el municipio de Moniquirá adelante acciones correctivas, preventivas y sancionatorias contra la empresa. Adicionalmente, se plantea la realización de estudios técnicos y consultorías ambientales que permitan establecer el alcance de los daños y definir medidas efectivas de mitigación. Entre ellas, se incluyen planes de limpieza, desinfección y descontaminación de los galpones en cada ciclo productivo. De manera subsidiaria, se solicita identificar con precisión el origen de los olores y la plaga de insectos para implementar soluciones estructurales. En la etapa previa a la admisión, las entidades implicadas presentaron sus posturas. El ICA aseguró que la granja cumple con los requisitos sanitarios y cuenta con certificación vigente como Granja Avícola Biosegura (GAB). Por su parte, Corpoboyacá informó que solicitó a la empresa un Plan de Reducción de Impacto por Olor (PRIO), aunque indicó que no ha evidenciado irregularidades graves en sus visitas. El municipio, en contraste, no respondió a los requerimientos previos del ciudadano.
