Las autoridades iniciaron una investigación para identificar a los responsables de una serie de mensajes, videos y publicaciones en redes sociales que, presuntamente, contienen amenazas e incitaciones a cometer actos violentos contra el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, así como contra integrantes de su entorno familiar.
Según la información conocida, entre los contenidos difundidos se encuentran grabaciones realizadas en las inmediaciones de la residencia del mandatario y mensajes que promoverían acciones vandálicas contra el inmueble, además de expresiones consideradas intimidatorias hacia funcionarios de la administración municipal.
Frente a esta situación, el alcalde manifestó su preocupación por lo que calificó como una escalada en las acciones dirigidas contra su gestión, señalando que inicialmente se trataba de una campaña de desinformación, pero que ahora estarían apareciendo amenazas directas y llamados a cometer actos ilegales.
“Ya no solo hablamos de desinformación, sino de amenazas e instigaciones para atentar contra instalaciones públicas, funcionarios y contra mi propia integridad”, expresó el mandatario al referirse a los hechos denunciados.
Toro también rechazó de manera enfática cualquier amenaza contra su familia, al considerar que las diferencias políticas o administrativas no deben trasladarse al ámbito personal.
“Si alguien tiene desacuerdos con el alcalde, que los exprese frente al alcalde. Lo que no es aceptable es involucrar a una familia que ha servido a la ciudad”, afirmó.
Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, coronel Hernando Calderón, confirmó que las publicaciones están siendo analizadas en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.
El oficial explicó que las conductas relacionadas con amenazas e instigación a delinquir están contempladas en el Código Penal colombiano, por lo que se adelantarán las respectivas denuncias y actuaciones judiciales.
Las autoridades anunciaron que revisarán el origen de las publicaciones, los números telefónicos y perfiles desde los cuales se habrían difundido los mensajes, con el fin de establecer responsabilidades y determinar si existen delitos que ameriten acciones penales.
Mientras avanzan las investigaciones, la administración municipal hizo un llamado al respeto por las diferencias políticas y a rechazar cualquier manifestación de violencia o intimidación contra servidores públicos y sus familias.
